La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, reaccionó tarde. En el Congreso, que ya empezó a debatir el presupuesto del próximo año, la tesis de los diputados de la Comisión de lo Tributario se impuso en el informe: considerar al crudo como un ingreso corriente y de ese modo aumentar –en 138,9 millones– las rentas para los organismos seccionales.

Según la funcionaria, esa decisión beneficia, principalmente, a Guayas, Pichincha y Manabí. Además, dice que la venta del petróleo debe ser considerada como ingreso de capital, pues se trata de un activo, que “por su naturaleza es perecedero en el tiempo”; es decir, no se trata de una entrada permanente para el fisco, lo que augura problemas para los presupuestos futuros.

Parte del principio de que los ingresos corrientes financian gastos corrientes, e ingresos de capital, los gastos de capital. Los argumentos  de Barreiro se difundieron cuando el informe de la Comisión ya estaba firmado y la mayoría de diputados se alista para aumentar las asignaciones de sus municipios y prefecturas. El Congreso consultó en octubre al procurador, José María Borja, y recabaron más documentos sobre la legalidad de ubicar al crudo como ingresos corrientes. Borja les dio la razón.