La acción ciudadana en el discurso y en la realidad social de las identidades en construcción, obliga a repasar y repensar viejas nociones de ciudadanía, restringidas únicamente al ámbito de los derechos políticos y civiles. Es preciso hablar de la simultaneidad de derechos y obligaciones de los actores sociales, pero  encaminados al consenso y solución de conflictos en el marco de la vida en comunidad.

Crear una agenda política básica, donde los intereses personales queden relegados a un segundo plano, que genere una esfera pública determinada por el diálogo abierto y participativo, en la búsqueda de ideales trascendentes: “conlleva una propuesta sobre el cambio del modo de vida de la gente en la ciudad, un cambio en los valores sociales, un cambio en las finalidades básicas de la vida de los ciudadanos, un estilo de vida donde lo comunitario adquiera nuevamente su dimensión política” (Giraldo, 1997).

El discurso de las élites dominantes y del Estado central, no ha sido proclive a reconocer las identidades culturales y atender los derechos de las minorías.

Un Estado que posterga la educación y no atiende el desarrollo de los pequeños pueblos, cantones, provincias y regiones, no tiene ni muestra vocación democrática. Tampoco lo hace si privilegia a algunos sectores étnicos en menoscabo y marginación de otros. Montubios, cholos, afroecuatorianos son identidades que permanecen olvidadas por un Estado andinocéntrico, incapaz de proteger y estimular el respeto a la diversidad. Lo que ocurre –y ha ocurrido siempre– en nuestras escuelas rurales es destructivo: maestros serranos que educan niños costeños con valores culturales andinos, que reproducen sus bailes, danzas, estudian su cosmovisión y reprimen la de la región y localidad. No estamos contra estos, pero ya es hora de que el Estado reconozca y atienda por igual a los grupos sociales y culturales de todas las regiones.

Incluir a los tradicionalmente marginados es condición vital de todo Estado democrático. Pero, además, la ciudadanía debe ser participativa y sus integrantes ser sujetos políticos que ejercen su derecho y toman parte de las decisiones que puedan afectar o modificar su existencia. En el caso de los montubios, cholos, afroecuatorianos, andinos y amazónicos, que tienen derecho a ser reconocidos culturalmente, el Estado está obligado a garantizar la vigencia de sus características y valores culturales.

Impulsar el conocimiento y reconocimiento de nuestra diversidad del litoral, así como comprender y valorar las diferencias culturales que existen entre habitantes de la ciudad y ellos, hombres y mujeres del campo, es una forma patriótica de construir una ciudadanía democrática. Educar la niñez, formarla en valores, hacerla sensible respecto a su origen social y cultural, para que pueda sentirse identificada con su lugar natal, es una imperiosa necesidad en tiempos de globalización.

Solo revolucionando y atendiendo la educación como política de Estado y dando la palabra a los grupos étnicos, culturales y sociales marginados, es decir, reconociendo nuestra diversidad y pluriculturalidad con tolerancia y sin discriminaciones para asumir las riendas de nuestro propio destino, nunca más tendremos ciudadanos de segunda y, finalmente, seremos un país integrado.