Y que del mismo participaban prominentes figuras políticas, alcaldes, jueces, autoridades de la Corte Superior de Justicia y de la Gobernación de la provincia; se habla de miles de oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía involucrados; se señala desinterés cómplice en la Superintendencia de Bancos y en el Ministerio Fiscal.

¿Quién puede conducir, en esas condiciones, una investigación imparcial y justa? Si de la crisis de los bancos o de la masacre de Fybeca no quedaron prácticamente culpables, ¿quién garantiza que ahora no ocurrirá lo mismo?

El país debe tener la garantía de que este nuevo cáncer será extirpado de raíz. No hemos aceptado el principio de que la corrupción sea invencible y menos debemos aceptar ahora que el narcolavado sea inevitable. El Gobierno debe crear, ojalá en consenso con las funciones Judicial y Legislativa, una comisión con personalidades íntegras, de gran credibilidad, que lleve adelante una investigación especial, paralela a la que se realizará por los canales de siempre, y que rinda un informe público a la nación.

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De otro modo, si la investigación mantiene el ritmo burocrático que ya se evidencia, entenderemos que no hay decisión de realmente enfrentar la descomposición social en la que nos hallamos.