El procurador general del Estado, José María Borja, indicó hoy que el Ministerio Público tendrá que determinar la supuesta ilegalidad del dinero del notario fallecido José Cabrera Román, así como de su actividad financiera ilícita.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Maximiliano Donoso, aseveró que el tema amerita una investigación total, pues “por un lado se dice que no se tenía conocimiento del negocio del prestamista, y por otro se dice que la Fiscalía de Machala sí conocía del caso”.

El secretario de Comunicación, José Toledo, indicó que el presidente de la República, Alfredo Palacio, dio la orden de que los involucrados en este caso deberán ser sancionados, “caiga quien caiga”, por lo que “si hay altos militares involucrados, tienen que recibir un sanción ejemplarizadora, porque esto no puede darse ni volverse a repetir”.

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Toledo aseveró que ha pedido a la Secretaría Jurídica que prepare un proyecto de Ley al Congreso Nacional, para que una situación como esta no se vuelva a repetir.

De otro lado, el alcalde de Quito, Paco Moncayo, que ayer fue involucrado en el negocio de Cabrera Román, por una acreedora del prestamista, negó que haya sido acreedor del notario. Dijo que ignora si alguien de su familia haya estado relacionado con él.

Eduardo Jíménez, abogado de César Granja, trabajador de una empresa de Carolina Cabrera, hija del notario, señaló que su defendido fue secuestrado por la fuerza pública el día del operativo de las Fuerzas Armadas y que los militares decidían quiénes entraban y salían de la Notaría.