Para evitar que se repita la historia de Machala de pagar altos intereses mensuales en una acción paralela a la banca, la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía bloquearon ayer las cuentas de un prestamista conocido en Manabí.

En entrevista con Teleamazonas, el principal de la Superintendencia de Bancos, Alejandro Maldonado, indicó que en el caso de Portoviejo, en conjunto con la Fiscalía, procedieron a bloquear las cuentas de “un sargento que recogía dinero de clientes ingenuos que, por ganarse unos dólares más, iban y depositaban donde el señor (Dionisio) Castro Gutiérrez”, quien tenía una pensión de 500 dólares, pero que en su libreta de ahorros manejaba como $ 11 millones de dólares. Ahora, “el señor ya no se encuentra y ha cerrado sus negocios”.

Señaló que los clientes de Castro Gutiérrez tendrán que acercarse a la Fiscalía -organismo que está haciendo la investigación y el que tiene toda la información- para justificar que realizaron el respectivo depósito, y así poder recuperarlo.

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La Intendencia de Policía de Manabí informó este fin de semana que está tras la pista de un supuesto sargento que recibe dinero de militares, funcionarios y civiles y les ofrece pagar hasta el 12% de interés mensual.

El intendente Juan Ramón Cevallos afirmó que primero establecerán si Dionisio Castro es un sargento de la Policía o del Ejército.

Castro vive en un sitio en las afueras de Portoviejo. Una denuncia telefónica generó controversia en la capital manabita.

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Una de las personas que le dejó el dinero a Castro hace cinco meses y que prefirió omitir su identidad, aseguró el fin de semana a El Universo que el sargento paga de forma puntual los intereses y que el monto es devuelto en el tiempo que se acuerda cuando se asigna el dinero.

Superintendencia deslinda responsabilidad

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Tal como lo ha dicho desde la semana anterior, el superintendente Maldonado, sostuvo que ninguna ley le permite a la institución vigilar, controlar y actuar en negocios como los que realizaba el fallecido notario de Machala, José Cabrera, mientras no exista una denuncia que esté debidamente respaldada con documentos.

Maldonado señaló que está consciente de que los depositantes van a ir contra su organismo, pero “yo quiero que comprendan que la Superintendencia de Bancos actúa donde le permite la ley. Y (si) a futuro se hace una reforma del código penal en donde le diga a la Superintendencia de Bancos que actúe, nosotros seremos los primeros que actuemos".

Agregó que también existe una resolución de la Junta Bancaria en la que se solicita a los medios de comunicación que cuando vaya una persona a pedir que se publique esta clase de negocios, “primero el medio de prensa tiene que solicitarle a la persona la autorización de la Superintendencia de Bancos”.

Los 27.000 clientes de Cabrera Román perdieron su dinero y no tienen a quién reclamar, luego de que ellos también "infringieron la ley”, al participar en esta actividad, recalcó el funcionario. Añadió que la forma en que los organismos de control pueden ayudar, es investigando y deciéndo el monto existente que se puede recuperar, pero "ellos verán cómo lo reparten".

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De acuerdo al Superintendente, su organismo no recibió notificaciones de las cuentas no justificadas de Cabrera Román, sobre la magnitud de esos ingresos, pero de lo que sí se le informó, dijo, es de las cuentas cerradas por cheques protestados.