Utilidades del Fondo a gasto corriente

A pesar de que las utilidades del Fondo de Solidaridad (FS) sumaron $ 71’507.134,76 al 31 de octubre pasado, este solo    podrá acceder al 12% del monto  ($ 8’419.057,32) para invertir en proyectos sociales.

La razón: el 88% de esos recursos está preasignado, según José Luis Bruzone, presidente del directorio de la entidad.

El mayor rubro de las utilidades se destina al pago de pensiones jubilares, que por Ley –aprobada por el Congreso Nacional el año pasado– se debe transferir. Anualmente se depositan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 25 millones de dólares.

Esa práctica contradice la Ley de creación del Fondo, que se diseñó para financiar  exclusivamente programas de desarrollo social y humano –como educativos, de salud (en sus fases de prevención, curación y rehabilitación)– y no gasto corriente.

De acuerdo con la normativa vigente, el Fondo de Solidaridad debe asignar recursos para maternidad gratuita, nutrición infantil, saneamiento ambiental, vivienda de interés social, electrificación rural, promoción cultural, empleo productivo y otros que ayuden al desarrollo comunitario de los ecuatorianos.

Bruzone aclaró que ese tipo de planes sí se ejecutan, pero en menor proporción de la que realmente debería hacerse, ya que el sobrante, tras el reparto, es poco.

El Fondo es accionista mayoritario de 19 de las 20 empresas distribuidoras eléctricas, dueño absoluto de cinco de las seis generadoras (en la otra tiene el 53,44%), de la empresa de transmisión eléctrica (Transelectric) y de las dos telefónicas (Andinatel y Pacifictel). Y pese a que cuenta con 28 compañías, solo una le reporta anualmente utilidades: Andinatel.

Las seis generadoras y la transmisora, a pesar de que también registran ganancias, no le pasan al Fondo porque reinvierten en proyectos de desarrollo de sus mismas empresas.

Algo que no pasa con las 19 distribuidoras eléctricas y Pacifictel.
Las primeras siempre han tenido pérdidas y la segunda no deja utilidades hace aproximadamente cinco años.

El siguiente egreso representativo es el destinado a Corpecuador (organismo creado en 1998 para reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno  El Niño).

La Ley de creación de ese organismo dispone que el 25% de la rentabilidad líquida anual que obtenga el Fondo de Solidaridad se le deposite a esta entidad sin necesidad de presentar proyectos o justificar gasto alguno.

Son siete años de alimentar el presupuesto de Corpecuador y en ninguno ha tenido la intención de promover algún tipo de proyecto, según información del Fondo.

La última preasignación fija es la de maternidad gratuita.

De igual manera, cada año se transfieren, por ley,  15 millones de dólares a este sector. Los proyectos por emprenderse, supone Bruzone, debe aprobarlos el Ministerio de Salud, porque al Fondo no ha llegado uno.

Mientras vienen cambios para esos sectores, al menos, para conocer en qué gastan el dinero que el Fondo de Solidaridad les entrega, muchos proyectos en zonas necesitadas deberán seguir esperando.

PROYECTOS

Utilidades
Las empresas eléctricas de generación y transmisión, donde el Fondo de Solidaridad es accionista, han acumulado 143,2 millones de dólares en los últimos tres años.

Las generadoras con mayores utilidades son: Hidropaute (76,2 millones), Hidroagoyán (14,6 millones), Elecaustro (7,1 millones) y Transelectric (16,8 millones). Dinero que financia parcialmente la construcción de los proyectos eléctricos Mazar, San Francisco y Ocaña.

Pèrdidas
Solo en los últimos tres años las distribuidoras eléctricas han registrado pérdidas por 321,83 millones de dólares.

Telefónica
Desde el 2002, el resultado económico de Pacifictel es saldo en rojo: en tres años ha acumulado pérdidas por 68,22 millones de dólares. Lo contrario sucede en Andinatel que genera utilidades anuales, pero actualmente afronta una protesta de un grupo de trabajadores que exige la cancelación de utilidades por 13 millones de dólares.

Planes
El plan inicial de contratar un operador internacional para que administre Pacifictel y Andinatel enfrenta dificultades de concretarse en el tiempo previsto –diciembre próximo– por la constante inestabilidad que experimentan las telefónicas y el Fondo de Solidaridad, accionista de ambas empresas. Hace dos semanas fueron removidos de sus cargos los directorios de estas empresas.