Los fiscales federales quieren acceder a cientos de muestras de orina de los jugadores de las Grandes Ligas incautadas en el 2003 como parte de la investigación del escándalo de dopaje de los laboratorios BALCO.
  
Las autoridades habían ordenado incautar las muestras de orina de 10 jugadores, pero terminaron embargando cientos de muestras de peloteros en poder de tres laboratorios.
  
Los jueces federales le prohibieron al gobierno utilizar las muestras como parte de su investigación de los laboratorios Bay Area Laboratory-Cooperative, entre cuyos clientes figuran decenas de atletas prominentes, entre ellos los beisbolistas Barry Bonds y Jason Giambi, y la corredora Marion Jones.
  
Cinco personas han sido acusadas penalmente y cuatro de ellas se han declarado culpables, incluyendo al preparador físico personal de Bonds, Greg Anderson. La quinta persona, el hombre que según las autoridades desarrollaba el esteroide llamado el transparente que está en el centro del escándalo, fue acusado judicialmente hace dos semanas y se ha declarado inocente.
  
Ningún atleta ha sido acusado penalmente.
  
Las autoridades pidieron el martes a un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito que les dé acceso a todas las muestras, tomadas en el 2003 como parte de un estudio del béisbol profesional para medir qué tanto se usaban los esteroides. Se suponía que las muestras serían destruidas.
  
Las Grandes Ligas adoptaron esta semana una política estricta de exámenes para detectar drogas que pide la exclusión permanente del béisbol de quienes emplean fármacos ilegales para mejorar el desempeño deportivo.
  
El tribunal de apelaciones no indicó cuándo podría fallar en el caso.
  
La fiscal estatal Erika Frick manifestó al tribunal que los fiscales tienen derecho a acceder a las muestras incluso cuando su incautación haya sido un desacato cruel de la Constitución.

El abogado de la asociación de jugadores Elliot Peters manifestó que el intento por obtener las muestras es inaceptable.
  
Los jueces cuestionaron si la asociación de jugadores tenía una posición legal para actuar en nombre de los deportistas. Pusieron en duda también si el gobierno presentó su apelación tarde y si las autoridades transgredieron las normativas constitucionales de incautación y búsqueda.
  
Los documentos judiciales del caso permanecen secretos