Ecuador y Bolivia siguen con interés ley del mar peruana impugnada por Chile

La ley peruana de dominio marítimo, aprobada a comienzo de noviembre y que motivó una protesta chilena por considerar que cuestiona el límite entre los dos países en el océano Pacífico, ha generado inquietudes en Bolivia y Ecuador, donde se sigue con interés el caso.

Los temores y expectativas en Ecuador y Bolivia son de distinto signo: en Quito se considera que la nueva ley peruana genera dudas sobre el límite marítimo entre los dos países, mientras en La Paz se percibe que el caso puede abrir expectativas a su vieja aspiración de recuperar su acceso al océano Pacífico.

A nivel de cancillerías, Lima y Quito han expresado que no hay problemas en el tema limítrofe. Sin embargo, el Congreso ecuatoriano ha expresado serias preocupaciones de que la ley peruana altere el statu quo.

El presidente Alfredo Palacio dijo el jueves en Quito que "el gobierno ecuatoriano desde el principio ha mantenido su tesis: no existen problemas en lo absoluto, ningún problema pendiente, fronterizo con Perú porque están perfectamente demarcadas las fronteras".

Pero el martes el Congreso ecuatoriano aprobó una resolución en la que cuestiona los "intentos expansionistas de Perú y la actitud timorata" del gobierno frente a la nueva demarcación establecida por Lima.

La declaración defiende la vigencia de los tratados internacionales suscritos en 1952 y 1954 que fijan las fronteras marítimas de Ecuador con respecto a Perú y Chile.

El Congreso también citó a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores y al alto mando militar a una audiencia el 22 de noviembre para que "expliquen las acciones que prevén adoptar al respecto".

Además, el Legislativo se propone enviar una delegación a Chile para definir una posición conjunta frente a la demarcación marítima de Lima.

"La idea es que un grupo de diputados vaya a conversar con sus colegas chilenos sobre el tema limítrofe", dijo el parlamentario Xavier Sandoval a la AFP.

"Se necesita del apoyo parlamentario de Ecuador y Chile para afianzar una tesis única", dijo la vicepresidenta del Congreso, Cinthya Viteri.

En ese marco el embajador ecuatoriano en Chile, Gonzalo Salvador Holguín, afirmó el miércoles que la ley peruana puede alterar el clima de paz y tranquilidad de la región.

Las declaraciones de Holguín motivaron un reclamo de Lima, que en un comunicado expresa "la preocupación y sorpresa de la cancillería del Perú" porque "contienen afirmaciones carentes de fundamento".

En Bolivia, por su parte, el gobierno defendió el jueves su interés de influir en la eventual solución de la controversia marítima entre Perú y Chile.

"La cancillería boliviana considera pertinente dejar constancia que cualesquier iniciativa, gestiones, o actos internacionales destinados a definir derechos en la zona territorial y marítima controvertida, son de interés de Bolivia", según un comunicado.

El conflicto generado por la ley de dominio marítimo "es seguido con particular atención por la cancillería" de La Paz, precisó el documento.

El documento se expidió un día después de que el canciller Armando Loaiza compareciera ante el plenario del Congreso para estudiar el caso.

Una fuente del Legislativo, que habló a condición de anonimato, dijo que la postura predominante en el Congreso es de no tomar partido "ni a favor de Chile ni contra Perú".

En Bolivia existe la percepción de que la resolución del lío marítimo peruano-chileno podría favorecer la centenaria demanda boliviana de recuperar una salida al litoral. De hecho, una comisión de Relaciones Internacionales del Congreso recomendó que Bolivia tercie en el conflicto.

Los parlamentarios consideran que si bien Bolivia "no es parte directa de esta controversia, sí debería ser parte de la solución".

La Paz reclama desde finales del siglo XIX --cuando perdió en una guerra todo su litoral a manos de Chile-- una salida propia al Pacífico por un corredor soberano de 10 o 20 km de ancho en un área que en este momento marca la frontera costera peruano-chilena y donde se centra el litigio entre Lima y Santiago.

La ley aprobada por Lima cuestiona el límite marítimo con Chile, fijado en un acuerdo de 1954 que Santiago considera final y definitivo. Para el Gobierno de Lima dicho documento es regulatorio de pesca y no puede ser considerado como un tratado limítrofe.