Si se determina la ilegalidad de la ocupación del colegio, la empresa deberá retirarse  antes del plazo.   

La Subsecretaría de Educación analiza  los mecanismos legales para sacar a la empresa Ingenieros Contratistas Asociados S.A. (Icasa) -encargada de la ampliación de la avenida Domingo Comín- de las instalaciones del colegio Provincia de Cotopaxi, en el Guasmo Sur.

La compañía utiliza desde hace tres años los predios del plantel, de 1.200 alumnos, como campamento de obras.

Publicidad

La titular del ramo, Ana María Calderón, afirma que declarará la ilegalidad del contrato suscrito por su antecesora, Aracelly Consuegra, por el rector de la unidad, José Olaya, y el presidente de la compañía, Tito Campolo. “La Subsecretaría no tiene la competencia para permitir la ocupación. El colegio tampoco”, asegura.

Pero el gerente de Icasa, Antonio Campolo, no comparte ese criterio. Afirma que, según el acuerdo logrado con el Consejo Directivo del Provincia de Cotopaxi, tiene hasta el 31 de diciembre próximo para salir del predio, luego de terminar la obra que ofreció: la construcción de un coliseo.

La presencia de la empresa es cuestionada por la cantidad de cemento que desecha una hormigonera instalada en el plantel. Según alumnos y padres de familia, esta acción provoca daños en la salud.

Publicidad

“No estamos arbitrariamente ni hacemos  nada indebido. Tenemos un informe de control ambiental, contratado a una compañía privada, y establece que sí cumplimos con las normas”, insiste Campolo.

Pero un estudio del departamento de Medio Ambiente del Municipio señala lo contrario. El texto indica que Icasa genera un impacto ambiental negativo y agrega que las labores inciden directamente en la salud de alumnos, profesores y personal administrativo. 

Publicidad

Sobre este documento Campolo manifiesta que “el impacto es necesario, pero se intenta mitigar lo que más se puede”.

La Subsecretaria de Educación pidió  al Rector  la documentación sobre los acuerdos establecidos con Icasa. “Ya con los papeles, puedo remitir un oficio a la Intendencia de Policía para pedir su contingencia y sacarlos del lugar”.

El Gerente de la empresa sostiene, por su parte, que ha destinado $ 50 mil “o más” a los arreglos del colegio. “No es un pago. Si he recibido algo, yo tengo que dar. Al construir la Domingo Comín, sirvo a la zona y la zona me sirve”.

Según el Municipio, la obra deberá entregarse en enero, pero Campolo dice que continuarán trabajando en el sector hasta abril.

Publicidad

ESTUDIOS

Salud
La Subsecretaría de Salud dispuso un estudio en el plantel y sectores aledaños por el cemento que reciben.

Ambiente
Un informe del Municipio señala que la contratista incumple las normas ambientales. Añade que los trabajos inciden  en la salud de alumnos, profesores y personal administrativo.