No deseamos entrar en la polémica de cuán acertada fue esa decisión. Desconocemos los argumentos legales que la sustentan. Pero sí nos sentimos en la obligación de recordar que con eso no se ha resuelto el problema de fondo, esto es, disponer de una fuente permanente y segura de gas, para evitar las onerosas importaciones que erosionan el presupuesto del Estado. Tampoco se observa ninguna gestión de las autoridades energéticas para llenar ese vacío.

Hoy que los precios del petróleo y sus derivados han subido considerablemente, existen excelentes condiciones para que los países productores negocien con las compañías extranjeras en los mejores términos. Lo único que hace falta es determinación para exponer con claridad en qué términos se permitirá esa inversión.

En lugar de hacer eso, nos limitamos a decir lo que nuestra ley no permite, sin mejorar las condiciones de lo que sí estamos dispuestos a permitir.

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Mientras tanto, el gas permanece bajo tierra. Como si este fuese un país que no necesita desesperadamente de mayores provisiones de ese combustible.