Según el secretario jurídico cuando el Parlamento se pronuncie se conocerá la opción del Ejecutivo.

El Gobierno cree que independientemente de cuál sea la decisión del Congreso sobre el proyecto de consulta popular que le remitió hace once días, esta debe adoptarse en el menor tiempo posible.

En una entrevista en Ecuavisa, el secretario Jurídico de la Presidencia, Roberto González, indicó que más allá de los cuestionamientos u observaciones que tengan los diputados sobre el contenido de la consulta popular, “el Congreso debe reunirse ya, y tomar una decisión”, eso sí, recordando que tiene, “de acuerdo con el artículo 283 de la Constitución”, el mandato de calificar la urgencia del proyecto constitucional con el cual el Gobierno quiere dar paso a una Asamblea Nacional.

“Esa urgencia es pública y notoria (...) y la negativa de no ir a una reforma constitucional le puede dar al pueblo ecuatoriano la decisión de tomar los cauces que  estime necesarios”, aseveró González quien no descartó que el Gobierno vuelva a enviar al Tribunal Supremo Electoral una solicitud directa para que dé paso al referéndum.

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Al ser interrogado sobre la posibilidad de plantear la revocatoria del mandato de los diputados que voten en contra del proyecto que propone una Asamblea Constituyente o Constitucional, González aseguró que  esa “podría ser una opción”.

No obstante, recordó que las sanciones para los legisladores que no cumplen con sus obligaciones están contempladas en las propias normas parlamentarias.

En cuanto a una posible intervención de la Iglesia para facilitar el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, González ratificó que el Gobierno está abierto a cualquier participación que permita allanar el camino de la reforma.

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Mientras tanto, el concejal del Movimiento Quito en Acción, Fernando Carrión, y el director de la Flacso, Adrián Bonilla, aseguraron ayer que el nivel de credibilidad de los alcaldes de las principales ciudades del país es el puntal de una nueva propuesta para salir del bloqueo en torno de la Asamblea Constituyente.

La propuesta, que fue socializada el jueves pasado en el Concejo Metropolitano, consiste en que  esos alcaldes busquen consensos con el Ejecutivo y el Legislativo para elaborar reformas a tres temas fundamentales: Ley de Elecciones y Partidos Políticos; Sistemas de Contralorías y funciones del Estado, y Descentralización y Autonomías.

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Esos cambios deberán, dijo Carrión, ser aprobados por el Congreso y enviados al mandatario, Alfredo Palacio, para que disponga al TSE convocar a una consulta popular en la que el pueblo los ratifique.