Ecuador se abstendrá de realizar operaciones militares conjuntas con Colombia, pese a que "mira con profundad inquietud" la lucha armada entre las tropas y la guerrilla en el vecino país, ratificó este jueves el canciller ecuatoriano, Francisco Carrión.
En una declaración leída a la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que el enfrentamiento es "motivo de seria preocupación para Ecuador", pero que aun así se reserva el derecho de cooperar militarmente con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Ha quedado "claramente establecido que el país no participará en las operaciones militares conjuntas con el Ejército colombiano, y que solo el gobierno y el pueblo de Colombia pueden tomar las decisiones que estimen convenientes encaminadas a encontrar la solución de su problema", señaló.
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"No obstante, miramos con profundad inquietud el enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y los movimientos irregulares de ese país y las consecuencias que esa situación tiene sobre el nuestro", agregó Carrión.
El Canciller ratificó el compromiso ecuatoriano de "cooperar en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional, en conformidad con las leyes internas y las obligaciones y convenios internacionales".
El pasado 24 de septiembre las Fuerzas Militares de Ecuador admitieron que la guerrilla colombiana "filtró" el territorio, aunque dijeron que enfrentan a los rebeldes sin el apoyo de las tropas vecinas acatando la política de "no intervención".
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En cumplimiento de ello, el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, ha descartado cualquier cooperación militar con su vecino y abstenido de calificar como terroristas a los grupos insurgentes.
"Las calificaciones del problema tiene que darlas el propio gobierno (de Uribe). Ecuador no puede intervenir en eso más allá de señalar que es una tragedia lo que vive el pueblo colombiano y estar dispuesto a colaborar en todo tipo de solución pacífica", dijo recientemente el mandatario.
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Ambos gobiernos mantienen pendiente de solución una controversia generada por la negativa de Bogotá a suspender las fumigaciones de narcocultivos en parte de la frontera común como lo solicita Quito alegando que las mismas afectan el ecosistema y la salud humana.