La posibilidad de que el hospital Luis Vernaza cierre sus puertas por falta de dinero fue advertida por los representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Esto luego de conocer la sentencia laboral de primera instancia que obliga a la institución a pagar alrededor de quince millones de dólares a sus casi cinco mil empleados por concepto de un bono de comisariato con efecto retroactivo desde el año 2000.

La sentencia fue emitida el pasado 21 de octubre y ya fue apelada por los abogados de la Junta. Su director, Lautaro Aspiazu, y el procurador de la Junta, Raúl Gómez Ordeñana, responsabilizan directamente al ministro de Gobierno encargado, Galo Chiriboga, quien hasta hace poco ejercía la cartera de Trabajo en este régimen. Lo acusan de querer favorecer a los obreros por su estrecha amistad con el líder sindical Mesías Tatamuez, quien a su vez mantiene contacto con los principales dirigentes de los trabajadores de la Junta y son artífices de la demanda laboral. En una carta pública, los dirigentes de la Junta pidieron la intervención directa del presidente de la República, Alfredo Palacio.

El ministro Galo Chiriboga descarta su intervención en este juicio. “El Ministro de Trabajo no influye en las decisiones de los tribunales de arbitraje”, manifestó a este Diario. Según Chiriboga, la sentencia en el caso de la Junta, “se basa estrictamente en los méritos del proceso y estamos dispuestos a abrir el expediente a una auditoría nacional o internacional para que se analice jurídicamente”.

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Chiriboga reconoce ser amigo de Mesías Tatamuez, “como soy amigo de los dirigentes de las Cámaras de la Producción y de los diputados”, pero que eso no implicó que le haya pedido que influya a favor de los trabajadores. “Incluso intenté que las partes lleguen a un acuerdo, pero eso no se dio. Por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil hubo poca apertura”.