Fijar límites internacionales en base a la expedición de leyes internas es receta segura para un conflicto. No se diga cuando ya hay de por medio instrumentos internacionales que regulan el asunto. La decisión del Congreso peruano de aprobar una ley que sienta las bases para que unilateralmente el Ejecutivo trace los límites marítimos del Perú es una decisión equivocada que tarde o temprano nos terminará afectando. Si aceptamos el concepto de que nuestros vecinos pueden establecer las líneas de fronteras en base a normas de derecho interno que ellos adopten, estamos corriendo un serio riesgo. Y es que si, expresa o tácitamente, aceptamos esa premisa, es probable que si hoy el texto de esa ley no nos afecte, mañana bien puede ser reformada o interpretada de tal manera que sí nos comprometa.

El tema no es nuevo. Ha estado en el aire por varios años. La actitud de nuestros políticos con respecto al mismo ha sido ignorarlo o, a lo sumo, decirnos que este es un problema que no nos afecta a nosotros sino a Chile. Es la misma actitud cómoda que nuestros dirigentes han tenido con la narcoguerrilla en Colombia: que ese es un problema que afecta únicamente a Colombia.

Existen dos instrumentos internacionales que abordan los límites marítimos entre Ecuador, Perú y Chile. El uno data de agosto de 1952 y el otro de diciembre de 1954. Este último es bastante claro con respecto al uso del paralelo como fórmula de delimitación. El Perú no ve en estos instrumentos tratados de límites propiamente tales sino simples declaraciones relacionadas con asuntos de pesca. Lo ha dicho en un lenguaje muy sutil pero lo suficientemente claro. Hace poco, en declaraciones a una radio de esta ciudad, un diputado peruano apuntó por allí cuando puso como ejemplo de lo que sí debía considerarse como tratado de límites marítimos al suscrito entre Colombia y Costa Rica.

El Tratado del Derecho del Mar (TDM), aunque sigue otra fórmula para la fijación de límites marítimos, expresamente deja a salvo aquellos convenios que los estados miembros de dicho tratado hayan suscrito con anterioridad a su entrada en vigencia. Tal es el caso de los dos convenios antes mencionados. Nuevamente se observa la necesidad de que el Ecuador ratifique el TDM, que contiene un sistema de solución de diferendos. El Tribunal Constitucional hace ya algunos años declaró que dicho tratado está conforme con nuestro ordenamiento constitucional. Falta ahora que el Congreso lo apruebe. Con el ingreso de Estonia en agosto de este año son ya 149 las naciones que lo han ratificado. Inclusive los Estados Unidos han dado un giro sustancial con respecto al tratado luego de las reformas que se le introdujeron. Tanto Condolezza Rice como el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el republicano Richard Lugar, se han mostrado favorables.

La tesis del Perú, de que a través de una simple ley interna puede establecerse límites internacionales, sienta un grave precedente que en algún momento tocará nuestras puertas.