El fiscal de lo Penal del Guayas, José Menéndez, emitió un dictamen acusatorio en contra de quienes el pasado 17 de junio pretendían exportar a  China 420 sacos con aletas de tiburón.

En la resolución el agente del Ministerio Público acusó al ex inspector de Pesca, Óscar Pozo, al exportador Jorge Enrique Toapanta Gonzabay y al afianzado de aduana Ángel León Castro.

A Toapanta lo involucró como autor del delito de caza, captura, recolección, extracción o comercialización de flora o fauna protegida.

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Pozo está considerado cómplice y León  como encubridor del mismo delito.
Según Menéndez, Toapanta no tuvo precaución de informarse bien sobre las prohibiciones que había en relación a la especie tiburón.

El ex funcionario de Pesca, en cambio, “no pudo probar su no participación en el hecho de que en vacaciones él realizó una inspección al contenedor que llevaba parte de esta especie marina”.

De igual manera, en el escrito se dice que Castro tampoco pudo desvirtuar que desconocía el objeto de la exportación, ya que si bien es cierto el agente de aduanas tramita documentos, debe tener la acuciosidad de saber qué es lo que va a poner dentro de un contenedor el cliente.

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La instrucción
Por el presunto delito de captura y comercialización de especies protegidas en peligro de extinción, el fiscal Antonio Gagliardo, quien estaba encargado de la Unidad de Turismo, inició la instrucción (juicio) en contra de Toapanta, Pozo y León.

En su informe Gagliardo solicitó la prisión preventiva para los imputados.

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La medida se basó en un informe suscrito por Roberth Ulloa, investigador de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía, que señala que en el patio de la Unidad Canina Antinarcóticos del Guayas se encontraba el contenedor PONU4823065, con prohibición de salir del país por estar cargado de aletas de tiburón, especie prohibida de comercializar y exportar en el país.

El cargamento fue incinerado por orden judicial.