El OCP está en proceso de una nueva auditoría

Los resultados de la primera revisión no revelaron datos alarmantes. El Ministerio de Energía dispuso dos auditorías, la segunda está en ejecución.

Con el afán de determinar si la construcción del Oleoducto para Crudos Pesados (OCP) fue por cuenta y riesgo de la empresa privada y no comprometió fondos públicos, el Ministerio de Energía ejecutó dos auditorías a la construcción y operación del ducto.

La primera revisión fue únicamente a los costos de construcción del OCP y la realizó la empresa Price Water House & Coopers. La segunda está en ejecución, a cargo de la firma Moores Rowland, y comprende además la etapa de operación del proyecto.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, el transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizados por la petrolera estatal, Petroecuador, o compañías nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, bajo la responsabilidad y el riesgo exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos.

La primera auditoría que se efectuó entre el 1 de diciembre del 2002 y el 31 de marzo del 2004 no revela datos alarmantes: “El estado de inversiones no contiene exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo”, consta en el informe remitido a la Procuraduría General del Estado, el pasado 21 de septiembre.

El diseño de la ingeniería, la adquisición y la construcción de los 503 kilómetros de tubería, que atraviesa Costa, Sierra y Oriente, los hicieron Techint International Construction Corp, sucursal en Ecuador. Y aunque el contrato fue a precio fijo (1.100 millones de dólares), terminó costando 1.475 millones de dólares.

La variación que existió en la inversión originalmente presupuestada, según Price, “correspondió a los trabajos adicionales de ingeniería, adquisición y construcción del oleoducto; planes de aceleración y eventos de fuerza mayor (erupción del volcán El Reventador, paralizaciones en las carreteras, etc.)”.

A eso –agregó la auditora– hay que sumar la adquisición del crudo para el llenado de las líneas (tubos) y tanques, así como las indemnizaciones a propietarios de tierras en las zonas por donde atraviesa el OCP.

La segunda auditoría, que le corresponde a Moores y se inició el 12 de octubre pasado, se encargará de revisar toda la documentación emitida entre el 1 de septiembre del 2003 y el 31 de diciembre del 2004.

Moores verificará, además, si el OCP ha cumplido con las condiciones estipuladas en el contrato y si los saldos de los costos de construcción sujetos a amortizaciones son razonables.

También, si las inversiones y costos de operación contabilizados por OCP han sido realizados o se encuentran registrados adecuadamente; si para incurrir en costos de construcción y operación la compañía observó los procedimientos previstos en el contrato. Si ha cumplido con todas las obligaciones contractuales, los reportes o informes determinados por la Ley de Hidrocarburos y el contrato, así como si mantiene vigentes las garantías estipuladas en el contrato.

Esa firma auditora deberá cotejar los valores presentados en los estados financieros y en la declaración del Impuesto a la Renta al Servicio de Rentas Internas (SRI).