Aunque  las autoridades eléctricas se han fijado como meta ampliar la cobertura de energía a más zonas rurales al menos en el 6%, este trabajo tiene  trabas.

Según el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) esa ampliación no puede ser realidad cada año, sino en la siguiente década. Esto se debe a la ausencia de recursos y a la geografía irregular de las zonas a las que se quiere llegar. Invertir en electrificación rural no es barato, comentó Alejandro Ribadeneira, presidente del directorio del Conelec.

La distancia entre una vivienda y otra hace imposible la instalación de torres con cableado eléctrico, a eso se suma el hecho de que la población no tiene recursos para cancelar el consumo.

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Este año, por ejemplo, se han asignado $ 42 millones para 1.295 proyectos que benefician a 129.500 viviendas rurales y urbano marginales.

Pero en el Ecuador, los únicos planes de desarrollo energético en estas áreas son aquellos que se promueven según la disposición del artículo 62 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

La norma establece que la instalación de redes debe ser preferentemente en las zonas de frontera, en la región Amazónica y en Galápagos.

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El financiamiento de esos programas debe estar a cargo del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (Ferum), cuyo financiamiento proviene del 10% adicional que los consumidores de las categorías comercial e industrial pagan en sus facturas.

El administrador de esos recursos es el Fondo de Solidaridad.