Los detenidos por impago de las pensiones de alimentación y por asuntos de tránsito corren peligro dentro de la Penitenciaría, asegura el magistrado.

En la Penitenciaría ya no hay huelga, sin embargo, los presos no concurren a las audiencias de juzgamiento “porque las mafias internas los tienen amenazados”, afirmó Gustavo von Buchwald Becerra, presidente de la Corte Superior de Guayaquil.

El magistrado resaltó el hecho de que “son las mafias de la droga, especialmente, las que manejan el centro penitenciario y tienen secuestrados a los demás presos bajo amenazas de muerte si pretenden salir a las audiencias ante los tribunales penales”.

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“El clima interno es de violencia y no tiene solución”. Von Buchwald culpó al Gobierno “porque no ordena que la Policía intervenga e imponga control, igual con los guías penitenciarios, que no hacen con eficiencia su trabajo”.

Refirió que “el director de la Penitenciaría (Carlos Tamayo Delgado) está pintado en la pared. Él conoce todo lo que sucede dentro y no colabora ni pide a la Policía que presente a los presos ante los tribunales para que sean juzgados”.

El magistrado destacó que la Función Judicial nada puede hacer para exigir que los presos concurran a las audiencias. Tampoco el Ministerio Público puede iniciar alguna causa; el Gobierno es el que debe responder, reiteró.

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Según los reportes de los tribunales penales, mucha gente que ha cometido delitos menores está detenida. “Estas personas estarían libres si se las juzgara, pero como no les permiten salir siguen sin recibir su sentencia, que puede ser absolutoria”, manifestó Gabriel Noboa, presidente del 5º Tribunal Penal del Guayas.

El problema es grave para la gente detenida por el impago de pensiones de alimentos o por accidentes de tránsito (que no constituyen delitos graves). Como ejemplo refirió Von Buchwald el asesinato de un preso por no pagar alimentación, ocurrido hace un mes. “Esta gente es infractora y no debe estar sometida a tanto peligro”, acotó.

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La sobrepoblación carcelaria se debe a varios factores, como el incremento de las penas que obliga a que los presos sigan más tiempo. La delincuencia por el tráfico de drogas ha subido en el país, y está en el orden del 25% del total de la población carcelaria.

La pobreza y el desempleo han hecho que aumenten ciertos delitos, y como cuarto punto, los presos por cuestiones de alimentos. En este rubro también se incluyen los conductores detenidos por infracciones de tránsito.

Von Buchwald considera que estos dos grupos de infractores deben estar recluidos en otro centro carcelario “porque no se trata de delincuentes comunes”.
El problema es que aunque paguen más del 50% de las pensiones alimenticias, como manda la ley, no pueden salir, así estén listas las boletas de libertad, porque las mafias se lo impiden, dijo el magistrado.

El presidente de la Corte criticó la actitud pasiva del Gobierno y dijo que se están violando los derechos humanos, por no pueden estar secuestrados por los mafiosos que manejan las cárceles.

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Exigencias
El problema de la falta de juzgamiento no viene de cinco meses atrás (desde junio pasado) sino desde tres años y se complica cada vez más.

Gabriel Noboa y Von Buchwald sostienen que la crisis empezó en el 2002, cuando hubo la reforma al Código de Penas con la abolición de las rebajas del 2x1 (50% de la condena) y se agravó a partir de enero 13 del 2003 con el establecimiento de la detención en firme (que impide la salida de los presos sin sentencia).

Actualmente exigen el retorno del beneficio del 2x1 y que se declare la inconstitucionalidad de la detención en firme; pero no hay huelga, y eso demuestra que ahora los presos tienen el poder en las cárceles, sentenció el magistrado.

INTERNOS

HUELGA INDEFINIDA
Desde el pasado 20 de junio, los reos de las 35 cárceles del país se declararon en huelga indefinida para exigir al Congreso que apruebe la ley de rebaja de penas y la derogatoria de la detención en firme.

REBAJA DE PENAS
Washington Grueso, dirigente del Comité de Prisioneros del Ecuador, dijo que los presos se mantendrán en vigilia hasta que el Parlamento retome el tema, que propone la reducción de un tercio de las condenas impuestas (3x1). Los familiares de los internos de la Penitenciaría iniciaron desde la semana pasada marchas para exigir el retorno de la ley del 2x1 (mitad de la sentencia).