Rige un arbitraje por banda ancha de Pacifictel

Luego de que perdió el juicio penal que presentó en contra de la empresa Nedetel, la operadora afronta ahora una demanda por daños y perjuicios de más de 16 millones de dólares.

La posición jurídica de la telefónica Pacifictel cambió de extremo en apenas año y medio. De abril del 2004 a septiembre del 2005 la operadora pasó de ser actora de un juicio que se ventiló en el juzgado 15º de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ-G), a demandada por la vía  arbitral en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Su actual condición mantiene fresca una controversia legal con la compañía de negocios y telefonía Nedetel S.A., con la que el 4 de febrero del 2004 firmó un convenio para implementar una red de multiservicios de banda ancha (internet de alta velocidad sin consumo telefónico).

En la acción interpuesta por Nedetel se le  exige a Pacifictel el pago de 16’636.000 dólares de indemnización por los daños y perjuicios que ocasionaron la culminación unilateral del contrato.

El arbitrio de la Cámara de Comercio lo pide Nedetel en virtud a lo estipulado en una de las cláusulas del contrato, en lo relacionado a la solución de algún conflicto.

Juan Carlos Menéndez, asesor técnico de la compañía, explica que luego de que Nedetel ganó la demanda penal que le interpuso Pacifictel por supuesta falsedad instrumental, ideológica y estafa, se enviaron varias comunicaciones a Pacifictel para iniciar conversaciones y buscar la terminación del contrato por mutuo acuerdo, tal como lo recomendó la Contraloría General del Estado y el Fondo de Solidaridad, principal accionista de Pacifictel.

“Nunca tuvimos una respuesta positiva de la operadora y por eso decidimos demandar”, aclara Menéndez.

Así, de los 16 millones de dólares que se piden, once corresponden al flujo neto que Nedetel iba a percibir, de acuerdo con el contrato firmado, por la base de 7.900 usuarios en cinco años.

El resto implica la inversión de  equipos, su instalación en las 21 centrales de Pacifictel, la mano de obra y el montaje de oficinas.

Pero Pacifictel se defiende y en la contestación de la demanda rechaza totalmente la pretensión, por considerarla “que no es una causa lícita”.

En su defensa, firmada por el abogado Jorge Noboa Llerena, como apoderado especial y procurador judicial, alega “falta de buena fe en sus obligaciones contractuales”.

Ante ello solicita a los miembros del Tribunal de Arbitraje que declare “sin lugar la desproporcionada reclamación de la indemnización por daños y perjuicios”.

El patrocinador cuestiona en el escrito “cómo una compañía (Nedetel) que no ha realizado ninguna inversión, o en el mejor de los casos, una inversión mínima, pueda aspirar a esa suma de una empresa que maneja fondos de todos los ecuatorianos”.

Elker Mendoza, vicepresidenta jurídica de Pacifictel, respalda con su firma la defensa del patrocinador.

La polémica se dirime ahora por el Tribunal Arbitral. Si Nedetel gana la demanda exigirá la devolución de todos sus equipos, según Menéndez. Pacifictel, en cambio, pide que la empresa dé por terminado el contrato y ordene el pago de las costas procesales y los honorarios de los abogados patrocinadores.

Sin embargo, existe la posibilidad de que durante la audiencia de mediación se llegue a un acuerdo que convenga a las partes.

Uno de ellos –dice Menéndez– es que Pacifictel pague la indemnización y se quede con los equipos que están listos para funcionar. “Es cuestión de ajustar la red”, recalca.

La vicepresidenta jurídica de la operadora prefiere no adelantar soluciones y espera que el problema lo resuelvan los árbitros.

La demanda penal
Las empresas Pacifictel y Nedetel firmaron el contrato Nº 008-2004 de banda ancha en la administración de Mauricio Galindo.

Pocos días después, en la presidencia ejecutiva de Alberto Pérez Llona, comenzaron los cuestionamientos.

Los técnicos de la operadora, Guido Manjares, vicepresidente Comercial y de Interconexiones, y José Luis Aguilar, gerente de Negocio de Datos, entregaron un informe que señalaba que el “contrato era perjudicial y no conveniente para Pacifictel”.

Ese estudio fue la base para la denuncia que presentó a la Fiscalía del Guayas el diputado socialcristiano León Febres-Cordero, donde se establecía que “no se cumplió con todos los procedimientos internos para adquisiciones y contrataciones de la empresa; así como la autorización del Fondo de Solidaridad, dueño de las acciones de Pacifictel, ya que se iba a utilizar una parte de la infraestructura de la operadora (fibra óptica)”.

Pérez Llona, quien también hizo pública su denuncia ante el Ministerio Público, insistió en que  ese contrato generaba un perjuicio económico a la empresa.

Otro cuestionamiento frontal lo realizó el entonces diputado socialcristiano Luis Almeida, quien sostuvo “que el contrato es lesivo para Pacifictel porque reduce sus ingresos. Nedetel tendrá su by pass (llamadas internacionales ilegales) legalizado. Eso representa un perjuicio de 30 millones de dólares al año”.

Durante el proceso se involucró a ex directivos y funcionarios y por este hecho el directorio de la operadora ordenó la suspensión del contrato.

La  apertura de la instrucción estuvo a cargo de la fiscal Gladys Murillo y las medidas de prisión en contra de los imputados las dictó la jueza 15º de lo Penal, Silvia Orejuela.

Durante la investigación Nedetel contó a su favor con un informe de la Contraloría, que determinó “que no hubo implicaciones administrativas, civiles ni penales”.

En el documento recomendó que las partes se reúnan y terminen el contrato de mutuo acuerdo.