En medio del desarrollo de la crisis política nacional y vista la notable movilización ciudadana en Quito durante las jornadas de abril, se escuchaba a veces comentar en Guayaquil que aquí no pasa nada. Algunos lo decían con envidia, otros con alivio, pero parecían coincidir en una percepción negativa sobre la formación ciudadana en esta ciudad.

En los últimos tiempos, sin embargo, empieza a hacerse visible, en las calles y en los medios de comunicación masiva, la presencia de grupos de ciudadanos y ciudadanas de Guayaquil, que llevan a cabo reuniones y movilizaciones, reflexionan y se organizan para conseguir ciertos objetivos políticos.

Es particularmente relevante el caso de quienes han cuestionado las corridas de toros programadas para realizarse en la ciudad. Lo interesante de este caso son las modalidades de propuesta, los actores participantes y los argumentos para justificar lo que proponen, así como las respuestas que han obtenido de diversos actores sociales y políticos locales.

Las modalidades de propuesta llaman la atención por la manera ordenada y pacífica con que se realizan sus manifestaciones, lúdicas y sugerentes, atractivas a la vista y los oídos, buscando agradar y no perjudicar a terceros y contando con la participación de asociaciones de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a sectores de clase media, con intereses diversos pero constituidas como organizaciones no gubernamentales.

Los argumentos que expresan son sencillos y llenos de razones principalmente éticas, no legales. Se trata, dicen, de que proponen que no se autoricen las corridas de toros porque, a su modo de ver, esa actividad no configura un deporte ni una fiesta sino una tortura para los toros, por lo que como asociados para la defensa de los animales y como ciudadanos respetuosos de la vida en todas sus formas, consideran que permitir esas corridas sería como autorizar la tortura a los animales. Sostienen que hay leyes equivocadas que permiten que gobiernos locales autoricen esas actividades negativas que ellos denuncian.

Frente a tales modalidades y argumentos, entre las y los guayaquileños se han procesado diversas opiniones y posiciones, pero, en general, se ha mantenido el respeto a las personas y grupos, a su derecho a sostener opiniones, manifestar y demandar medidas sobre cuestiones de interés público de parte de autoridades locales.

Así, la Municipalidad se ha creído en la obligación de explicar sus resoluciones respecto al asunto en cuestión, sin descalificar ni moral ni políticamente a los demandantes y sin insinuar siquiera que deban ser reprimidas sus manifestaciones o deban ser desconocidas porque tan solo son unos pocos guayaquileños y guayaquileñas quienes se han movilizado. Los empresarios que promueven las corridas, por su parte, se han presentado a explicar sus procedimientos y a dar garantías de que de ninguna manera permitirán que los toros sean torturados. Por la prensa y los medios masivos se han hecho públicas opiniones ciudadanas respecto a la corrección o no de los argumentos de los demandantes, las autoridades y los empresarios.

En otras palabras, en Guayaquil se ha procesado un debate ciudadano que hace poco tiempo era impensable, y no es el primero ni el único caso, están también, por ejemplo: las diversas Asambleas Ciudadanas por la Constituyente, la Célula Cívica, la Red de Vigilancia de los Servicios Públicos, entre otras experiencias de ciudadanía activa que deben analizarse y valorarse.
*Sociólogo