Ex magistrados que cuestionaban al dirigente Luis Muñoz se salvaron de ser eliminados del proceso.

La Federación Nacional de Funcionarios Judiciales (Fenaje), liderada por el dirigente sindical Luis Muñoz, impugnó las candidaturas de cuatro ex magistrados de la Corte Suprema de 1997.

Ellos formaban parte de un bloque de jueces que cuestionaba la injerencia de ese ente sindical en la Función Judicial. En momentos en que el Comité de Calificación analizaba estos casos (impugnación al ex magistrado Jaime Velasco, en la tarde y noche del martes anterior), una secretaria del organismo recibió dos llamadas telefónicas anónimas indicando la presencia de un artefacto explosivo en el edificio donde trabajaban.

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Sin embargo, efectivos de la Policía confirmaron más tarde que se trató de una falsa alarma. La amenaza llevó a los cuatro vocales del Comité y al personal de respaldo a abandonar sus actividades por alrededor de una hora y media, luego de lo cual retornaron al trámite de tres de las cuatro impugnaciones, las cuales se desecharon.

Dichas impugnaciones corresponden a los ex magistrados José Julio Benítez, Teodoro Coello y Jaime Velasco. Falta por resolver la de José Vicente Troya.

Esos ex magistrados, cuando ejercían funciones, fueron muy críticos sobre la injerencia de Luis Muñoz en la administración de justicia, incluso, el ex ministro Santiago Andrade, en esa época, afirmó que Muñoz tenía tanto poder que sacaba y ponía jueces, magistrados y funcionarios judiciales, cuya posición fue respaldada por el bloque al que se pertenecían los candidatos impugnados.

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Según trascendió, el fin de semana pasado, Muñoz se reunió con Ketty Romoleroux, vocal del Comité, y otros de sus compañeros, a quienes ofreció su respaldo al proceso de designación de jueces.

El presidente del Comité, Carlos Estarellas, negó haber recibido a Muñoz, aunque dijo que no recuerda muy bien, pero que durante una sesión del Comité, Romoleroux habría informado de un acercamiento que mantuvo con el dirigente.

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Otro de los problemas en los que se involucra a los funcionarios judiciales es la injerencia de José Robayo, cuya impugnación fue desechada porque el impugnante, Luis Aurelio Román Lara, no se presentó a la audiencia. 

No obstante, este último denunció que su ausencia a la diligencia se debió a que no fue notificado, pues en su casillero no apareció la boleta respectiva, pese a que la oficina de casilleros de la Corte de Quito recibió dicho documento el pasado 5 de octubre.  Por ello, Román solicitó se fije nueva fecha para la audiencia de impugnación, la que fue negada pues la observación contra Robayo ya se desechó.