Una vez más el país se ve envuelto en una discusión jurídica con connotaciones políticas incuestionables. ¿Puede convocar el Presidente de la República a una Asamblea Constituyente sin pasar previamente por el Congreso? ¿Está facultado el Tribunal Supremo Electoral para calificar la constitucionalidad de la consulta? ¿De aprobar el Tribunal la consulta, debe el Congreso reformar en ese sentido la Constitución para hacer viable la Asamblea?

Ya aparecerán criterios diversos: unos a favor y otros en contra. Incluso, el secretario jurídico de la Presidencia ha señalado (justificando la acción tomada, lo que demuestra la incertidumbre sobre la constitucionalidad de lo actuado) que en ocasiones la realidad histórico-política trasciende (¿supera, borra, desarticula?) el derecho. Sin duda, pasaremos horas y horas de discusiones para que, al final, primen los criterios de aquellos que sin tener siquiera la profesión de abogado se han erigido en los verdaderos dioses y todólogos de la ley, ya que opinan por igual de derecho civil que de derecho constitucional y penal. Total, si para justificar la destitución de Gutiérrez bastó la afirmación de que al haber violado la Constitución (aunque hasta el día de hoy ningún Tribunal competente lo haya declarado) había abandonado el cargo de Presidente, interpretación que constituye un verdadero insulto a la ciencia, será mucho más fácil justificar, en este caso, una u otra posición, en razón de las dificultades que ciertamente encierra el tema, aun cuando las mismas sean más bien aparentes, ya que un proceso serio de interpretación constitucional llegaría sin muchas dificultades a la verdad.

Pues bien, el país se enfrasca cíclicamente en estas estériles discusiones en las que lamentablemente no existe ningún referente de pensamiento con autoridad. Digo estériles, no por la poca trascendencia que el tema tiene, que por lo demás es enorme, sino porque los argumentos hace rato que están llenos de una superficialidad que asusta. La mediocridad ha llegado a tal nivel en el Ecuador que en realidad, más que de errores, vivimos de sofismas, esto es, de transmitirle a la gente mentiras que parecen verdades y que configuran un engaño colectivo, del cual los abanderados son los cuatro políticos que siendo dueños de los partidos han lucrado del sistema sin estar dispuestos a ceder ningún espacio.

Por supuesto, los políticos disfrutan con una visión de corto alcance que, de tanto centrar la discusión en estos temas para los cuales no tenemos criterios autorizados (las universidades hace mucho que no se ocupan de los temas importantes), impiden proyectarnos hacia el futuro.

Esta falta de visión de futuro nos demuestra que los políticos han reducido el debate jurídico y político en el Ecuador, a debates de cantina, los que terminarán por provocar un estallido social de impredecibles consecuencias.

Es hora ya de terminar con estos absurdos. Es urgente en este caso dilucidar el tema rápido y de una buena vez con un criterio vinculante urgente del Procurador General del Estado. El Presidente de la República debe efectuar la consulta de inmediato, ya que el país no resiste más.

* Catedrático de Derecho Administrativo