Para el procurador principal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Raúl Gómez, el fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo tiene tintes políticos. Señala como responsable al ministro de Trabajo, Galo Chiriboga, quien ahora se encarga de la cartera de Gobierno. 

Y mientras se analizan las futuras acciones, las relaciones entre empleados y directivos se caldean. El cruce de acusaciones así lo confirma. El director de la Junta de Beneficencia, Lautaro Aspiazu, denunció ante la Fiscalía  a 80 trabajadores, aunque solo  identificó a 6 de ellos.

En el documento se señala que, el 22 de junio pasado, dichos empleados intentaron impedir el sorteo de la Lotería Nacional. Pero los manifestantes aseguraron que fueron agredidos por los directivos durante la protesta y también denunciaron el caso, pero en la Fiscalía adjunta a la Policía Judicial del Guayas.  

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En una carta remitida al presidente  Alfredo Palacio, con quien también se reunieron, los directivos expresan que son objeto de abusos de un sector de los trabajadores que -dicen- representan a menos del 20%.

Según Aspiazu, este grupo es parte de  la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut), presidida por Mesías Tatamuez. La junta relaciona  a Tatamuez con Chiriboga y afirma que hay intereses gremiales de por medio.

En la misiva remitida al Primer Mandatario, Aspiazu afirma que las motivaciones de  Chiriboga “se restringen a cuestiones de carácter político-gremial o político-personal”.  Y añade: “Solo así se explica la permanente búsqueda de una transacción fundamentada en una posición estrictamente política a favor de un grupo de minoría”. Una de las dirigentes del sindicato de trabajadores, Carmen Torres, sostiene que el 90% de los empleados reclama el bono.