Desde el 10 de agosto pasado, las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen un nuevo reglamento, dispuesto por el presidente Alfredo Palacio mediante el Decreto Ejecutivo 354.
Pero ninguna  está de acuerdo con el texto, porque -argumentan- limita su patrimonio técnico y estanca su crecimiento.

Consideran que es una medida arbitraria, que elimina la posibilidad de otorgar servicios no financieros (asistencia médica, seguros) y “que atropella sus derechos”.

 El decreto fortalece el control y dicta nuevos parámetros para la constitución y funcionamiento de las entidades y da más atribuciones a la Superintendencia de Bancos (SB) y a la Junta Bancaria.

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La SB puede hacer cambios de oficio a las normativas internas. También les obliga a limitar varios gastos,  como capacitación y viáticos.

Esteban Burneo, director ejecutivo de la Asociación de Cooperativas Reguladas por la SB (que cumplen parámetros financieros), advierte que “se está atentando contra el sistema cooperativo”.

Édison Yandún, gerente de la Federación de Cooperativas inscritas en el Ministerio de Bienestar (constituidas sin fines de lucro), también se opone al decreto, aunque admite que “no está claro si nos afecta o no a nosotros”.