Han transcurrido 189 días desde que el  17 de abril pasado, el Parlamento destituyó a los jueces elegidos el 8 de diciembre del 2004 por una mayoría legislativa afín al ex presidente Lucio Gutiérrez.

Es decir, que desde ese entonces el país no tiene Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se encargue de procesar las causas en los juzgados que suman más de 1.200.

La selección de los 31 magistrados  está a cargo de un Comité de Calificación que se integró el 27 de abril pasado, según el proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial aprobado por el Congreso.

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El Comité está conformado por cinco miembros de organismos relacionados con la justicia. Entre ellos,  Carlos Estarellas, presidente, y los vocales  Rosendo López, Ketty Romoleroux, Bolívar Torres y José Espinel.
 
Tanto en la selección de los vocales del Comité como en lo que va del proceso de elección de los magistrados se han registrado cuestionamientos.

Ciudadanos por la Democracia, veedores de la eleccion,  plantearon una impugnación contra los 181 postulantes  por considerar que el proceso era inconstitucional.

Cuestionamiento que seguirá arrastrando la Corte designada por este Comité si no es  legitimada  en una consulta popular, dice  el constitucionalista Luis Antonio Arzube.

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Quien sugiere además que la nueva CSJ tenga  carácter de provisional hasta que el Congreso reforme la Constitución y restituya un mecanismo legal para escoger a los jueces.

Pues la inconstitucionalidad de la que adolece el proceso de selección de la Corte, por no estar contemplado en la Carta Política, puede dejar cola.

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Al tener la CSJ que enviar una terna para nombrar  a tres vocales del Tribunal Constitucional, estos pueden ser criticados por provenir de un ente ilegalmente constituido.
La CSJ, según la Constitución, tiene dos funciones: el juzgamiento de los delitos de las autoridades principales del Estado que gozan del llamado “fuero” (no procesados por jueces comunes) y el trámite de los recursos de casación, que consiste en el examen de la jurisprudencia aplicada en los juicios de todo tipo.

Por el primer caso, la CSJ tiene a su cargo juicios que se pueden iniciar contra unas 250 personas, entre presidente, vicepresidente, ministros, diputados y generales de las Fuerzas Armadas y Policía. Allí se incluyen las causas pendientes  del ex banquero Fernando Aspiazu y del ex presidente  Gustavo Noboa.

Por el segundo, hay  un promedio de 9.000 casos (registrados en el 2004).

Según la ley, los magistrados de la CSJ, de las cortes superiores y demás tribunales y juzgados serán responsables de los perjuicios que se causaren a las partes por retardo, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

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