El Congreso tiene pendientes reformas electorales

Después de la destitución del ex mandatario, Lucio Gutiérrez, el Congreso integró una nueva mayoría formada por el movimiento Pachakutik y los partidos Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID). Esta reemplazó a la mayoría conformada por Sociedad Patriótica, Partido Roldosista, Prian, MPD, CFP, DP y algunos independientes.

Pese a la reorganización del Parlamento, dirigido ahora por Wilfrido Lucero (ID), aún no se logran consensos para reformar algunas leyes.

El 26 de abril pasado cesó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Tribunal Constitucional (TC). Y, aunque el primero fue reestructurado casi de inmediato, el segundo aún no se ha conformado, pues también depende de la elección de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe presentar una terna para elegir a dos vocales del  TC.

También está pendiente la elección del Contralor del Estado, del Fiscal General de la Nación; y las reformas a las leyes orgánicas de la función legislativa y judicial, al Código Penal para la reducción de penas (2 por 1), y la abolición de la detención en firme.

Al iniciarse el periodo, el 22 de agosto pasado, el Congreso se propuso priorizar las reformas a las leyes de Elecciones, de Educación, de Personal de las Fuerzas Armadas y de Hidrocarburos; estas no se han debatido.

Solo se hizo un cambio al artículo 57 de la Ley de Elecciones, que se refiere a la inhabilidad de los ex mandatarios cesados en el cargo para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular.

Es decir, que se sanciona con una especie de “muerte civil” o “muerte política” a los ex presidentes destituidos; al igual que a los legisladores que han sido descalificados por el Parlamento.

La asignación de los escaños para distribuir los puestos de los diputados que se elegirán en el 2006, aún no se designa.

El Congreso ha estado ocupado con el tema de la Consulta Popular que propone el régimen. Por ello, algunas comisiones mantuvieron conversaciones con el ex ministro de Gobierno, Oswaldo Molestina (ID), para consensuar los textos de las preguntas.

Pero Molestina renunció a su cargo y las negociaciones se frustraron. El Mandatario decidió enviar directamente al TSE una convocatoria a consulta con una sola pregunta, respecto a si el pueblo quiere una Asamblea Constituyente. El TSE, y los bloques legislativos se opusieron e incluso el PSC, sugirió a Palacio que renunciara al cargo.

Las tiendas políticas del PSC, ID y DP dieron un plazo de ocho días al Ejecutivo para consensuar un paquete de reformas constitucionales que podría someterse a consulta popular, de lo contrario, este elaborará las reformas con no más de siete temas.

El Parlamento no puede legislar sin la participación del Ejecutivo, puesto que este debe dar su pronunciamiento sobre lo que aprueben los legisladores.