“…El Ecuador es un estado social de derecho…”. “…La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en la Constitución…”.

He transcrito, subrayado y resaltado algunas frases sustanciales de  los primeros dos párrafos del artículo uno de la Constitución Política del Estado con la finalidad de refrescar la memoria de algunos amnésicos.

La Constitución Política del Estado es la norma suprema del Ecuador y su observancia es obligatoria para todos  los ecuatorianos.  Por ello, lamentamos la poco feliz intención del Ejecutivo de convocar a una consulta popular que implica sustancial reforma de dicha norma suprema, sin contar con la calificación obligatoria del Congreso Nacional. Digo reforma porque el proyecto de consulta contiene varias reformas y, por tanto, violaciones constitucionales, entre ellas el hecho de que la Asamblea Constituyente no existe en la Constitución.

También es cierto que el Congreso Nacional desde hace décadas está en deuda con los ecuatorianos; pero si este no es otra cosa que el reflejo de los serios problemas por los que atraviesa la sociedad  ecuatoriana, ¿qué otra cosa podemos esperar? Por ello, cuando veinte intelectuales de “izquierda flexible” pretenden desconocerlo o deslegitimarlo, bien vale recordarles que este no fue elegido por las ONG; el actual Congreso fue elegido por votación directa de los ecuatorianos, que es la más clara forma de la expresión de la voluntad soberana del pueblo.

Sin embargo, y si algunos insisten en que “la calentura está en las sábanas”, entonces, ¿por qué no se convoca a una consulta popular para reformar la Constitución de acuerdo con las normas que este mismo cuerpo legal contempla?, ¿o es que ciertas “reformitas” no pasarían el filtro democrático y constitucional elegido directamente por el pueblo?

Al leer las reglas de la propuesta de consulta, recordaba aquellas épocas de escuela en las que el dueño de la pelota escogía para su equipo los mejores jugadores para garantizar el triunfo en los partiditos de fútbol que se jugaban en los recreos. Aquí es al revés: pareciera que se pretende eliminar a quienes gozan del favor popular para garantizar que aquellos que por el voto directo jamás conseguirían representar al pueblo, sean los que amolden el futuro del Ecuador a sus intereses personales o corporativos.

Ya Alfaro, a principios de siglo, separó a la Iglesia del Estado, y recién desde hace algunas décadas, el poder político dejó de ser manejado por los grandes poderes económicos. Ojalá que estos, a través de sus mensajeros encubiertos dentro de la sociedad civil, no consoliden nuevamente ambos poderes, porque involucionaríamos 30 años de vida democrática, contrario al principio internacional de la autodeterminación de los pueblos.
Confiamos en la vocación democrática del presidente Alfredo Palacio, en su respeto a la Constitución y al poder basado en el favor popular. De lo contrario, el Ecuador deberá librar nuevamente su batalla de independencia; no sabemos cómo quede el mapa luego de ello, si es que no quedan dos o tres mapas.