Consulta para una asamblea I

Que se consulte al pueblo ecuatoriano soberano si desea o no una Asamblea Constituyente que dé pasos firmes a cambios constitucionales, acordes a la solución de los principales problemas de gobernabilidad, y construir así una verdadera democracia que garantice la participación social en la toma de decisiones.

De darse los mecanismos y estatutos para la conformación de la misma, deberemos elegir gente competente sin lazos políticos ni pasados oscuros. Dejemos atrás a los mismos de siempre que durante casi treinta años han feriado nuestros recursos, prostituido la democracia y han hecho perder al país su soberanía, territorio, moneda y dignidad.

Esperamos la consulta y con ella la Constitución, y así cumplir la consigna popular del mes de abril que  en forma unánime clamaba “que se vayan todos”, incluido el indecoroso Poder Legislativo.

Lcdo. Raúl Marcelo Peñafiel Tixe
Guayaquil

El Presidente debe, sin tardanza, convocar a una consulta popular para reformar la Carta Magna.

Las reformas que  expongo las considero apropiadas y su resultado no debe ser consultado a nadie para su vigencia inmediata, pues los que se obtengan provienen del pueblo, que es la ley suprema.

La Función Legislativa debe reducir en 50% el número de legisladores; derogar la nominación de los legisladores alternos; anular pagos de regalía electoral a los partidos políticos, y que  estos se fusionen solo en dos partidos (derecha e izquierda), a lo sumo en tres (derecha, centro e izquierda) y se autofinancien sus campañas electorales.

La Función Legislativa debe solo legislar sin participación en otras funciones del Estado; desdoblarse en dos cámaras, la de Diputados con el 66% del 59% (40 miembros) y la del Senado con el 34% del 50% (20 miembros); los magistrados continuarán en los cargos provisionalmente hasta que se pronuncie el pueblo en la consulta popular y elecciones democráticas.

Derogar además a los prefectos cuyos trabajos le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que no se diluyan las escasas designaciones que otorga el Gobierno a base de lo presupuestado, o negociar con las concesionarias. Se anularán las nominaciones colaterales de la Función Judicial, solo quedarán vigentes la Procuraduría del Estado y el Fiscal de la Nación.

Sobre la Función Ejecutiva, los ministerios se centrarán en funciones específicas y administrativas, posiblemente con enlaces de las gobernaciones.

Anular la nominación del Vicepresidente y derogar la impunidad parlamentaria y el asilo político establecido con países amigos, a fin de que todos los sinvergüenzas regresen al país a purgar sus fechorías.

Edis Mantilla Castillo
Guayaquil