La crisis económica, política, social y educativa, que en forma crónica soporta el Ecuador, requiere que los sectores dirigentes de la sociedad analicen urgentemente los cambios que el país debe adoptar para revertir efectos y afrontar los desafíos que las tendencias económicas mundiales nos imponen como incremento de la competitividad, reformas comerciales y financieras, la globalización del mercado de capital, las demandas que generará el TLC, la migración masiva ecuatoriana.

Esos, entre otros factores, nos plantean la necesidad de establecer un nuevo Código del Trabajo que se convierta en un instrumento de desarrollo económico y progreso social. El actual Código que data de 1938 responde a una inspiración ideológica ya superada que desconoce la estructura económica del Ecuador, que descansa en un 99% en las denominadas MiPyMES, grupo constituido por microempresas, artesanos, pequeña y mediana empresa.

El sector de las MiPyMES se ve compelido a cumplir las mismas obligaciones que las grandes empresas –que en nuestro país no pasan de 50–, a pesar de que su volumen de activos, capital social y ventas es inferior. La rigurosa ley laboral del Ecuador no permite diferenciar las capacidades económicas de las diversas categorías de empleadores, lo que  explica en parte el crecimiento de la informalidad, la tercerización, el lento crecimiento de negocios y la baja oferta de empleo; o que se caiga en el incumplimiento de disposiciones coercitivas o imposibles de cumplir para empresas con economías de subsistencia.

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Estimo necesario que los empleadores, trabajadores y el Gobierno establezcan una mesa de diálogo donde se convenga en un Código del Trabajo equitativo, que estimule el crecimiento de las empresas a través de la inversión en pequeños y medianos negocios, donde obligaciones como utilidades, jubilación, indemnizaciones, decimotercera y decimocuarta remuneraciones, fondos de reserva, aporte individual y patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tengan un trato justo que refleje la desigualdad que existe  entre las MiPyMES y la gran empresa.

Ab. Alberto Montalvo Landín
Guayaquil