Las veedurías expresaron sus dudas sobre la legalidad de las acciones del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para llenar cerca de 300 vacantes, ya que ese organismo nació de la denominada “Pichi Corte”.

Desde el pasado 31 de julio, los vocales del CNJ, liderados por la Comisión de Recursos Humanos (integrada por Germánico Maya, Ramiro Aguilar y Felipe Granda) impulsan un concurso público para llenar, en primera fase, 133 vacantes para puestos en diferentes distritos del país.

Marco Albuja, de la red de justicia, dijo que su organización fue invitada por el CNJ como veedora del proceso, pero tienen dudas sobre la legalidad del CNJ.

Publicidad

Según Albuja, los vocales del CNJ están cuestionados por su origen político y si participan, legalizarían sus actos para llenar los cargos, a dos meses de ser reemplazados.