Ventana de oportunidad

El 10 y 11 de octubre se reunieron en Guayaquil en cónclave funcionarios del Estado y de las empresas petroleras privadas a tratar sobre cuál debería ser la política petrolera. Fue notoria la ausencia de Petroecuador.

Las empresas petroleras del mundo están haciendo elevadas ganancias inesperadas, que se disponen a volcar en la búsqueda de nuevas reservas. Pero si los precios del petróleo van a permanecer altos, también habrá inversión para desarrollar otras fuentes de energía: el hidrógeno, por ejemplo, o las arenas con esquistos petroleros, abundantes en Canadá.

Las fuentes alternas de energía, hoy caras, con el tiempo pueden abaratarse, y al petróleo le podría suceder lo mismo que al carbón: ser desplazado antes que se agoten las reservas. Cabe ponerse un horizonte largo, pero no infinito, para la detección, desarrollo y explotación de la riqueza petrolera en el país: digamos, 50 años. Que ese patrimonio nacional no quede bajo tierra, cuando haya sido dejado atrás por la tecnología.

Geológicamente, el Ecuador está bien posicionado para captar inversión petrolera: se encuentra petróleo con facilidad, a un costo promedio de alrededor de
$ 4,5 por barril, esto es la décima parte del precio al que se vende en el mercado internacional. El país no ha sido suficientemente explorado. Y además, el principal cuello de botella para la producción petrolera en las últimas dos décadas, la insuficiente capacidad de transporte de la Amazonia a la Costa, está hoy superada, gracias al OCP.

El Gobierno busca aprovechar esta situación, convocando a una licitación internacional para atraer inversión privada. El cónclave se pronunció porque la apertura debe ser simultánea para todas las áreas prospectivas: nororiente, suroriente, yacimientos de crudo pesado y extrapesado, pie de monte, costa y costa afuera.

Las áreas prospectivas en el nororiente podrían explotarse en un plazo relativamente corto, y aquellas costa afuera, de crudo extrapesado, o en el suroriente, en un plazo más largo. Pero cabe empezar hoy.

El mayor impedimento para que se cumpla con este razonable objetivo, es el caos jurídico y la demagogia que priman en la política hidrocarburífera. Hay la necesidad de que las autoridades aprueben cada paso de la actividad petrolera, abultando enormemente vía administrativa el costo de encontrar petróleo. En el caso del OCP, la demora fue de más de una década.

El 9 de octubre estaba previsto que se firme el contrato para que el consorcio Sundown-Clipper busque hidrocarburos en la península de Santa Elena. La licitación la convocó el presidente Gustavo Noboa en el año 2002, hace ya dos gobiernos. La firma se frustró ya que a última hora el organismo que regula la licitación se manifestó porque el contrato no puede incluir las condiciones de la explotación de gas, sino solo para petróleo, aunque la compañía quiere encontrar gas: un disparate jurídico.

Por último, la inseguridad jurídica: la inusitada conflictividad de la relación Estado-empresas, los furiosos embates y amenazas de los opositores a la inversión privada, que exigen soluciones tremendistas a los problemas; la falta de confianza que los diferendos se solucionen con apego a la ley.

El país debe abordar con menos demagogia la explotación racional del petróleo. Bien manejado, será una fuente de grandes recursos que pueden invertirse en los más pobres y en infraestructura. Bajo tierra, no nos sirve para nada.