El plan de aseguramiento popular dirigido a los más pobres que propone el Gobierno y consiste en atención médica, odontológica y servicios funerarios a los beneficiarios del bono solidario, conlleva la celebración de un convenio entre el Municipio de Guayaquil, el Gobierno y una aseguradora privada para que se encargue de dicha ejecución.

Si el Municipio se encuentra brindando atención médica y odontológica gratuita en sus centros médicos y hospitales del día e incluye entrega de medicamentos, y el Estado tiene dispensarios médicos, odontológicos y hospitales; se estaría redundando dicha prestación al aceptar un seguro de similares características, pero que tiene limitante en su cobertura de gastos en atención médica, odontológica, y no cubre atención hospitalaria; resultando un beneficio inferior para los beneficiarios del bono, y siendo perjudicial a quienes sí reciben la atención municipal.

El Municipio sí podría aportar con su programa de vivienda Mucho Lote, ampliando o modificando la cobertura del seguro, y con la incorporación del plan de legalización de tierras cubriría esa necesidad; el pago podría hacerse bajo modalidad mixta (bono más aportación individual). En lo que respecta a nuestra provincia, sería interesante considerar la participación de la Junta de Beneficencia que recibe pacientes de todo el país, y que con sus hospitales se encuentra en capacidad de brindar atención médica integral y otras que el Municipio no puede dar. Los altos costos podrían ser cubiertos por el propio capital asignado al programa, el cual se incrementaría con recursos provenientes de fuentes como los excedentes petroleros o impuesto al consumo del cigarrillo y licores especiales.

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Dr. Antonio Martínez González
Guayaquil