Con las modificaciones realizadas por el Congreso, la Ley de Estímulos Tributarios regresa a manos del presidente de la República, Alfredo Palacio, quien deberá pronunciarse a través de un veto –total o parcial– o de la aprobación (sanción, en términos legales) del texto que fue aprobado por los diputados.

La ley contempla la exoneración del Impuesto a la Renta, de aranceles y otras tasas, por periodos de entre 10 y 12 años, para nuevas inversiones en áreas no explotadas en lo petrolero, eléctrico, de comercio exterior, de aviación, tecnológico, entre otros.

La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, quien la semana pasada retiró un informe desfavorable de su cartera, hizo observaciones públicas cuando el Congreso ya había aprobado 14 de los 15 artículos del proyecto. Dijo que se deben precisar, por ejemplo, el monto de las inversiones y el origen de las nuevas inversiones.

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El Ministerio prepara un informe con recomendaciones para Palacio, pero Barreiro advierte que la decisión final será del Ejecutivo.

Según la Constitución, si el mandatario no tiene objeciones, la ley debe promulgarse dentro de diez días contados a partir de la fecha en que el documento llegue a la Presidencia. Hasta la tarde de ayer, la Secretaría del Congreso no enviaba el texto.

Si se emite un veto total, el Congreso podrá volver a tratar la ley después de un año. Si es parcial, podrá allanarse o enmendarla en máximo 30 días, desde la fecha de la objeción.