La convocatoria o no a una Asamblea Constituyente vuelve a ocasionar tropiezos al régimen, a tal punto que el mal llevado trámite de la Consulta Popular para lograr una reforma política parece estar al borde del fracaso, además de que ha cobrado la cabeza de un Ministro de Gobierno luego de transcurridos apenas 34 días de su nombramiento. Mala cosa para el país.

Si se insiste en la Asamblea, lo primero que hay que tener claro es que en el ordenamiento jurídico vigente no existe un mecanismo para convocarla, salvo que lo decida una Consulta Popular con preguntas calificadas de urgentes por el Congreso Nacional y que permitan reformar en ese sentido la Constitución. De lo contrario, si el Presidente decide convocar la Consulta sin pasar por el Congreso, la respuesta, aunque fuera aprobatoria no es vinculante, lo que significa que ese pronunciamiento debería recogerlo el Parlamento para hacer la reforma constitucional consiguiente que demoraría más de un año. (Eso es también, exactamente, lo que pasaría si se quiere ratificar a la Corte Suprema que se está escogiendo por medio de una Disposición Transitoria en la Constitución, pues si la aprueba solo el Congreso como pretenden los llamados “veedores internacionales” tiene que estar sometida al trámite de reformas que establece la propia Ley Suprema que implica más de doce meses).

Pero volviendo a la Asamblea Constituyente, de muy poco valdría convocarla si previamente no se dicta una ley que contenga un reglamento o estatuto electoral para esa específica elección, pues de lo contrario la Asamblea, en su integración, sería una repetición del Congreso, y entonces, ¿para qué Asamblea si sería lo mismo que aquel? Si eso es lo que se pretende, es decir que en el caso de que se realice la Asamblea los partidos políticos puedan acceder solo a un porcentaje de sus integrantes para que el resto de curules lo ocupen miembros de la llamada sociedad civil, ¿creen ustedes que el Congreso aprobará una cosa así? Porque es evidente que a este organismo le correspondería, privativamente, dictar el reglamento o estatuto de conformación.

Por otro lado, si recién ahora comienza el trámite para reunir una Asamblea Constituyente, tengan la seguridad de que no habrá elecciones presidenciales en octubre del 2006 como corresponde, pues ese cónclave recién podría sesionar, en el mejor de los casos, a partir de marzo o abril próximos, en plena efervescencia de la campaña electoral. El desarrollo simultáneo de ambos eventos, Asamblea y campaña, sería totalmente contraproducente y podría ocasionar el fracaso de los dos. Ya en el 98 se vivió una cosa similar y la Asamblea, a pesar de sus esfuerzos, no pudo dar más, acosada por las presiones permanentes del alarconato, del Congreso Nacional y de los intereses electorales.

Finalmente, una Asamblea Constituyente podría mandar a todos a la casa, comenzando por la Función Ejecutiva, con lo que se agudizaría el rumbo al garete que tiene el país. ¿Ha pensado en todo eso el Presidente de la República ahora que es tarde para decidirlo?