La política económica que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene correspondencia completa en Carondelet.

Una muestra: el proyecto de Ley de Estímulos Tributarios, elaborado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y auspiciado por el presidente de la República, Alfredo Palacio.

Ambos están a favor de la propuesta de exoneración de impuestos, por diez  años, para  nuevas inversiones en las áreas petrolera, eléctrica, portuaria y tecnológica.

Publicidad

Los informes del MEF apuntan en dirección contraria. Advierten más riesgos que beneficios para el fisco. La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, se comprometió con los organismos externos a impulsar una reforma tributaria con objetivos distintos a los que proponen Palacio y Nebot.

Los compromisos adquiridos por Barreiro son la eliminación de los escudos fiscales, la implantación del Sistema de Tributación Unificada y modificaciones en el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que se paga por los servicios de telecomunicaciones y cigarrillos, por ejemplo.

Esos ofrecimientos están dentro de un plan de reformas, de cuyo cumplimiento dependen los créditos externos.

Publicidad

Otra propuesta tributaria pendiente es el proyecto “IVA cobrado, IVA pagado”, sugerido por la Cámara de Comercio de Guayaquil, que busca un diferimiento de 60 días para la transferencia del dinero de ese impuesto, gravado a las ventas a crédito. El Servicio de Rentas Internas y el MEF consideran que no es viable.

Vicente Albornoz, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, señaló que “hay muchas incoherencias del Gobierno. Parece que el Presidente tiene pocos asesores que saben de economía y muchos que saben de política y derecho”.

Publicidad

Mientras, Nebot cuestionó que los recursos de las exportaciones petroleras sean considerados como ingreso de capital, pues bajo esa figura se reducen las asignaciones para los municipios. Barreiro defiende esa clasificación, hecha durante la administración de Mauricio Yépez, porque permite frenar el gasto corriente. “El dinero que viene del petróleo no puede desaparecer en sueldos y salarios (gasto corriente), eso sería criminal”.

“Para tratar de defender que eso ocurra se dividen  los ingresos corrientes en ingresos de capital... Con esto a los municipios se les incrementaría sus ingresos entre $ 130 y $ 150 millones”, dijo ayer durante una visita a este Diario.