Interesante es la justificación con la que se rechaza el proyecto de ley que pretende incentivar la inversión vía exoneración tributaria. Recordemos: “El proyecto provocaría pérdidas al fisco por más de 500 millones de dólares”, justificación que lleva implícita la mentalidad típica del burócrata.

¿Cómo puede el Estado perder tributos que no existen, y que no existirán nunca si no se crea alguna forma novedosa de atraer dicha inversión? Hubiera entendido, si bien no compartido, que el razonamiento para rechazar el proyecto hubiera sido que el incentivo no conseguirá el objetivo pretendido, que no habrá inversión adicional producto de él.
Podría también haber sido un argumento contrario que el precedente sería peligroso. Otro, que podría provocar desventajas competitivas injustas entre empresas de la misma industria trabajando en el nuevo y en el anterior régimen tributario. Estos, entre otros muchos, hubieran sido argumentos un poco más inteligentes. Hubieran enriquecido la discusión, ya que pese a que soy partidario de otorgar beneficios a la inversión, y no únicamente fiscales, el único punto que preocupa es el de crear ventajas en el mercado de forma no equitativa para todos los participantes.

Mas la burocracia escogió la justificación menos lógica, la misma que está lejos del nivel que debería tener el razonamiento de un secretario de Estado. Pero refleja su forma de pensar: lo único importante son las cuentas fiscales. La relación causa-consecuencia está invertida en la mente del burócrata. No entiende que el Estado existe para servir al individuo, a los sectores débiles, a la empresa privada y a cualquier tipo de organización ciudadana, no al revés.

No sé si la exoneración o reducción de tributos lograría atraer grandes inversiones. Probablemente sí, en cierta medida. Quizá no tanto como se piensa. Seguramente el país está en una situación tan deplorable que haría falta mucho más: desde un distinto código laboral hasta un sistema de justicia privado, ya que la corrupción del actual es lo que se me antoja como el asunto de mayor preocupación para un inversionista. Pero sin duda hay que intentarlo. Si una ley de exoneración logra atraer un tanto más, aunque solo fuere un 10% o 20% de inversión adicional, vale la pena. En una ciudad con el nivel de desempleo de Guayaquil, ese porcentaje significaría diez mil personas menos en la calle vendiendo chucherías para sobrevivir.

La siguiente comparación debería alarmarnos. Colombia tenía, por lo menos hasta hace muy pocos años que revisé las cifras, cinco veces más inversión per cápita que Ecuador. Eso debería ser devastador para nuestra raza política y para los burócratas.
Eso significa que el mercado percibe que existe mucho menos riesgo en Colombia, país con guerra civil, terrorismo y territorios ocupados, que en Ecuador. Quiere decir que las consecuencias del terrorismo son menores que las consecuencias de los malos manejos políticos. Que hay más temor para el inversionista en el sistema judicial ecuatoriano que en la guerrilla. Por ello no sé si el proyecto de ley será suficiente. Pero sin duda vale la pena intentarlo.