El 90% de los fondos que el Gobierno destinó tras la última emergencia declarada en la provincia de Manabí, por los efectos de las lluvias, se destinó para la construcción de puentes, muros de escollera o rehabilitación de vías.

El 10% restante fue utilizado para adquirir insumos médicos, equipos y material de fumigación y contratación de médicos.

La distribución de estos montos, que bordearon los cinco millones de dólares, es criticada por los dirigentes de comunidades rurales de la provincia y las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

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Los agricultores y ganaderos fueron los más afectados por las inundaciones que se presentaron en 17 de los 22 cantones manabitas. Informes señalan que se perdieron 9.200 hectáreas de cultivos y otras 4.500 zonas de pastoreo.

“Le pedimos al Gobernador de ese entonces (Hugo Vargas) que nos apoye para comprar semillas y cubrir los gastos de movilización de los capacitadores para que apoyen a los agricultores afectados, pero nunca recibimos respuesta”, precisa Jimmy Miranda, director agropecuario provincial.

Las autoridades del MAG pedían $ 300.000, la mayoría de este monto se iba a utilizar para la compra de insumos y las semillas que reemplacen a los cultivos que se perdieron.

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La contratación de estas obras fue realizada de forma directa por la Gobernación de Manabí a través del Comité de Operaciones Emergentes de la provincia.

El ex gobernador Hugo Vargas expresa que las labores se contrataron en función del listado de necesidades que enviaron a la Gobernación los municipios de los cantones afectados.