La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) y el Fondo de Solidaridad (FS) recibieron con satisfacción la decisión del Gobierno de vetar totalmente la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en la que se fijaban cargos (tarifas) para la interconexión telefónica.

“Esta es una señal clara de que Ecuador está dispuesto a mantener la seguridad jurídica”, afirmó el secretario ejecutivo de la Senatel, Hernán León, para quien la ley aprobada por el Congreso violaba la Constitución y las disposiciones relacionadas con la prestación del servicio de telecomunicaciones y con el régimen de libre competencia.

La Senatel y el FS recomendaron  la objeción total argumentando que la ley, si bien tenía como idea proteger al consumidor, afectaba  el esquema de regulación.