La Ley de burós de información crediticia, que busca transparentar el crédito y garantizar la seguridad de los depositantes del sistema financiero, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación o veto.

El Congreso aprobó el texto legal la semana pasada. Los burós son las sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la prestación de referencias crediticias.

Para las constituidas al amparo de normas de la Junta Bancaria, hay un plazo de 90 días para que ajusten sus estatutos. La información histórica que los burós otorguen de personas naturales y jurídicas –con autorización previa– no podrá exceder de seis años.