La falta de dinero, tiempo o de pruebas para demandar a una empresa es causa para que no se la denuncie. Otro motivo es la gratitud  al patrono.

Ningún inmigrante indocumentado se ha beneficiado hasta el momento de la legalización a través del arraigo laboral desde que entró en vigencia este recurso el pasado 8 de agosto, según organizaciones de inmigrantes y sindicatos.

El Ministerio de Trabajo informó que aún no tiene un balance oficial del impacto que podría tener el arraigo laboral en las cuentas de la Seguridad Social, así como en la legalización de los inmigrantes.

Sin embargo, Raimundo Aragón, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, adelantó que en los primeros seis meses del 2005 -antes de que entre en vigencia la medida- su departamento realizó 247.202 actuaciones de las 500.000 previstas para el año.

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Producto de tal despliegue, se impusieron sanciones a empresas españolas por un monto de 34 millones de euros (40,8 millones de dólares), del cual 24 millones de euros  (28,8 millones de dólares) corresponden a infracciones en materia de inmigración.

Consuelo Rumí, secretaria del Gobierno para la Inmigración y Extranjería, no ha aportado mayor información al asunto. Días atrás señaló que a la Inspección del Trabajo le cuesta encontrar empleados irregulares.

Sin embargo, la ecuatoriana Norma Falconí, portavoz de la entidad Papeles para Todos, señaló que es imposible acogerse al arraigo laboral.

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“En la economía sumergida no se extienden nóminas ni documentos, por lo que ningún inmigrante sin papeles tiene pruebas para demandar a una empresa”, dijo Falconí.

Añadió que un inmigrante irregular no dispone ni del dinero ni del tiempo para demandar a una empresa, ya que el juicio tarda dos años en resolverse. “Qué inmigrante tiene tanto dinero para pagar un abogado”, se preguntó.

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“Por estas causas, desde el 8 de agosto pasado hasta ahora no hay una sola denuncia en Barcelona contra algún empresario, a pesar de que aquí viven miles de extranjeros sin papeles”, sentenció.

Dificultades
En la misma línea, fuentes de la Organización SOS Racismo coincidieron en el hecho de que surgen dificultades a la hora de probar la existencia de una relación laboral en la economía sumergida. El lazo entre ilegal y empresario se caracteriza por la inexistencia de documentos, que son los únicos elementos probatorios en un proceso judicial.

El presidente de otra de las organizaciones de ayuda a inmigrantes, Andalucía Acoge, Abderrahmane Eseaadi,  puntualizó que el arraigo laboral no beneficiará a nadie.

“El arraigo laboral no está teniendo repercusión alguna entre la población inmigrante, a diferencia de la movilización que se dio con el proceso de regularización”, sostuvo.

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Pese a ello, el sindicato Comisiones Obreras, filial Valencia, decidió presentar las denuncias de un grupo de inmigrantes contra tres empresas, que no quieren reconocer la relación laboral que tienen con los extranjeros.
Las demandas deben ser conocidas por un Juzgado de lo Social.

Unas 120 mil solicitudes de las más de 670 mil que se acogieron a la regularización concluida en mayo pasado fueron rechazadas.