El 5 de agosto del 2004, antes de mi incorporación como diplomado en derechos humanos en la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile, sustenté mi investigación titulada ‘El 9/11 chileno’, que dediqué a mi querido hermano José Félix García Franco, médico guayaquileño egresado de la Universidad de Guayaquil, quien realizaba en Chile estudios como interno en el Hospital Regional de la ciudad de Temuco.

En el día fatídico mi hermano contaba con 31 años, era el último de su internado. Ante un comunicado de Pinochet que manifestaba a los extranjeros entregarse a los repartos policiales para garantizar sus vidas y regresarlos a sus países, José Félix se entregó en la Comisaría de Temuco; en forma engañosa quedó detenido, lo que en doctrina internacional constituye secuestro. Ya son 30 años que no se encuentran sus restos.

En Chile, a los que habían apoyado al gobierno de Salvador Allende, electo democráticamente el 4 de septiembre de 1970, a partir del 9/11/73 –fecha del golpe militar– se los reprimió: torturas, ejecuciones, persecuciones. La desaparición forzada de personas se implementó como política de Estado, bajo la triste llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Se cometieron barbaridades como la Operación retiro de ‘televisores’ en 1979, la cual consistió -como declaró un suboficial ante el juez Juan Guzmán- en que Pinochet amenazó con “pasar a retiro” a cualquier comandante si después de ordenada la “limpieza” se descubrían cuerpos de los desaparecidos. Uno de los suboficiales comentó que en Alemania aprendió a hacerlo: “Hay que preparar una parrilla grande donde se ponen los cuerpos. Debajo se pone abundante leña y se va agregando petróleo. Hay que quemarlos hasta que se conviertan en cenizas que se las lleve el viento”.

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Una exhaustiva investigación del juez Guzmán y sus detectives del Departamento V develó el destino de desaparecidos en otro lugar, la región metropolitana; operación realizada por pilotos y mecánicos de helicópteros Puma, llamada Operación Puma, entre 1974 y 1978. Desde los sacos sobresalían pantorrillas y los pies. Algunos bultos de tamaño reducido solo tenían parte de restos.

El juez Guzmán realizó la investigación silenciosa durante más de un año. En mis estudios me he impresionado con los detalles de las operaciones de las Caravanas de la muerte, en que 500 cuerpos fueron arrojados al mar por los denominados “ángeles de la muerte”.

En relación con la querella Nº 084 que el 14 de abril del 2001 interpuse contra Pinochet Ugarte, cómplices y encubridores, por el delito de desaparición forzosa de mi hermano, informo al pueblo ecuatoriano que con el Dr. Sergio Concha Rodríguez, abogado chileno, estamos vigilantes del proceso. Varios ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago han estado a cargo del mismo: Juan Guzmán, Daniel Calvo, Carmen Garay y Joaquín Villard, quien lo lleva actualmente. El proceso registra avances en la etapa sumarial en que se encuentra. Hay cuatro ex funcionarios de carabineros sometidos a proceso en calidad de autores: Juan Miguel Bustamante León, Hugo Opazo Insunza, Omar Burgos Dejean y Juan de Dios Fritz Vega, que fueron miembros del Sicar, órgano de “inteligencia” de carabineros que se creó en Temuco en coordinación con la DINA a partir del golpe del 9/11 de 1973. Estimo que pronto el juez Villard cerrará el sumario para iniciar la etapa de pleno, mientras a los hermanos, padres, cónyuges, hijos..., que hemos sufrido pérdidas irreparables, nuestras vidas nunca más serán las mismas, y solo esperamos alcanzar la verdad y la justicia.

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Ab. Félix Alfonso García Franco
Nueva York, EE.UU.