Los industriales de Pichincha manifestaron ayer su inconformidad ante la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) debido a los pocos resultados obtenidos tras una denuncia que hizo el gremio, el mes pasado, por la entrada ilegal de mercadería, cuyo perjuicio alcanzaría los 2.103 millones de dólares.

Una delegación de la Cámara de Industriales de Pichincha se reunió ayer con el gerente de la CAE, Holguer Viteri, para entregarle un resumen ejecutivo que detalla el supuesto perjuicio ocasionado por el contrabando, entre el 2000 y 2004.

Sebastián Borja, vicepresidente ejecutivo de la entidad industrial, exhortó, antes del encuentro, a las autoridades de la CAE para que hagan correctivos al sistema aduanero.

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El dirigente comentó que los industriales aún no perciben una mejora en los tiempos de despachos de mercancías, especialmente en materias primas, como lo anunció la administración de la Corporación.

Tras un breve diálogo con los industriales, Viteri indicó que conformará una comisión técnica para que analice el estudio entregado por la Cámara para “ver cuáles serían los correctivos”; en tanto, la CAE adquirirá dos lanchas para efectuar controles en Guayaquil.

Sobre las quejas por demoras en la desaduanización de cargas, el principal de la CAE adujo que la institución “sí ha asumido acciones para mejorar los tiempos de despacho”.

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Jorge Muñoz, gerente distrital de Guayaquil, argumentó que pese a que en esta temporada se atiende un promedio de 400 trámites diarios, “se hace lo posible para que el despacho no pase de 48 horas”.

Trascendió que durante la sesión que mantuvieron ayer los industriales y Viteri, se solicitó a este último que deje las funciones en caso de que no logre concretar acciones para mejorar el sistema aduanero.

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“No podemos solucionar todos los problemas de la CAE en solo dos meses...”, afirmó Viteri.

CAMBIOS

Reestructuración
El Vicepresidente de la Cámara de Industriales de Pichincha pidió la reestructuración de la administración aduanera.

Reforma
Los industriales también hablan de una reforma que permita homologar algunos mecanismos que impiden la rápida nacionalización de mercadería en los puertos del país.

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