El Gobierno pretende tender una trampa al Congreso y a la ciudadanía al incluir en la pregunta 14, de la consulta popular, la opción para que el presidente Alfredo Palacio conforme una asamblea electoral y designe a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalaron ayer varios diputados.

En el Parlamento no existe el apoyo necesario para que dicha pregunta sea aprobada tal cual la planteó el régimen, donde incluye dos opciones. La primera busca legitimar el proceso de designación de la nueva CSJ, considerado inconstitucional por no estar en la Carta Política y que se denifió con una reforma del Congreso a la Ley de la Función Judicial, en abril pasado.

En la segunda se plantea que el Presidente de la República integre una asamblea electoral que en  30 días seleccione a los magistrados, en caso de que hasta la fecha de la consulta no se haya designado a los jueces.

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Guillermo Landázuri (ID) manifestó su desacuerdo con esta segunda parte, “se tiene que buscar un texto alternativo donde se insista a la ciudadanía a que legitime el procedimiento que está aplicando el Comité de Calificación para escoger a la nueva CSJ”.

Alertó que sería peligroso que se incluya esta opción, pues el Ecuador no toleraría que el Mandatario integre una Corte, que tendría una vigencia de ocho años, de aprobarse también la última pregunta que impone un candado para las reformas de ese tiempo.

El roldosista Ernesto Valle consideró  que  el pueblo debe ratificar los textos que aprobó el Congreso para nombrar a la Corte, y rechazó la segunda opción. A su criterio, el Ejecutivo pretende convertirse en un ‘superjuez’, aunque también afirmó que este no posee el soporte político necesario para inducir al pueblo a votar por esa alternativa.

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El demopopular Ramiro Rivera evidenció una “trampa” en la mencionada pregunta. “Lo más probable es que hasta diciembre no haya Corte, lo que significa que el Mandatario nombrará a la nueva Corte, es decir, “aquel presidente que en pocos meses dejará el gobierno”.

Para el PSC, según el legislador Luis Fernando Torres, en cambio, el tema de la CSJ debe introducirse como un escudo constitucional para que la nueva Corte  no esté sujeta a posteriores cambios de cualquier mayoría legislativa.

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El texto del Gobierno sobre la Corte resulta engañoso y sospechoso, porque se pretende dar poderes omnímodos al Mandatario para integrar un grupo de abogados que nombren una Corte afín al presidente Palacio, cuando este está de salida y que políticamente se muestra débil, agregó.