Ejecutivo pidió informe de interconexión telefónica a la Senatel

Un informe de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), organismo ejecutor de las resoluciones que se adoptan en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), podría influir en la decisión que el Gobierno adopte respecto al documento modificatorio de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

La parte central de esa reforma es la fijación de una tarifa de interconexión entre las redes de las telefónicas fijas y las del servicio móvil.

La Presidencia de la República solicitó a la entidad reguladora un estudio técnico y legal sobre las repercusiones de la decisión adoptada la noche del martes pasado, por el Congreso Nacional.

En el documento, la Senatel dejará sentada su posición: no está de acuerdo con la modificación del artículo 91 de la mencionada normativa porque altera el orden jurídico, “tan especializado” en  telecomunicaciones, dijo Hernán León, titular de la Secretaría.

El pasado martes, los legisladores fijaron en 11,31 centavos de dólar, la tarifa  por la interconexión que se produce al llamar de un  teléfono fijo a uno móvil; y  en 2,90 centavos de dólar, al llamar de un celular  a un convencional.

León aclaró que con esa decisión si bien las facultades de la Senatel no se han alterado, sí se han establecido límites y restricciones. “La intención (de los diputados) no es mala, pero el efecto es contraproducente”, recalcó.

Lo actuado por el Congreso se contrapone con la resolución tomada por la Senatel, el 15 de julio  pasado. En esa oportunidad la entidad anunció que de los 17 centavos de dólar que le cuesta (al abonado) timbrar  de un fijo a un móvil, 11,31 centavos se quedarían con las operadoras celulares y 1,70 centavos de dólar, con las telefónicas fijas.

Dichos valores están vigentes y regirán por cinco años, explicó León, pero se  modificarán si el Gobierno decide aprobar la ley totalmente.

Entre tanto, Movistar, perteneciente a Telefónica de España,  comunicó que la decisión del Congreso atenta contra la seguridad jurídica del Ecuador, pues la empresa recordó que en el país existen dos entidades responsables de las normas vigentes en el sector de las telecomunicaciones:  el Conatel y la Senatel.