El ecuatoriano A.T. a través de una sentencia favorable de un juzgado español logró que se validen otros documentos diferentes al certificado de empadronamiento para demostrar su estancia en España hasta antes del 8 de agosto del 2004, uno de los requisitos exigidos en el último proceso de  regularización.

Su caso llegó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de San Sebastián, que reconoció la validez de documentos presentados. Esta decisión abre la posibilidad de que miles de inmigrantes que no pudieron regularizarse traten de hacerlo, publicó  ayer el diario El País.

Según el medio, la sentencia, la primera de estas características que se conoce en España, tiene su origen en la solicitud de permiso de residencia y trabajo que realizó el ciudadano ecuatoriano A. T. En la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, donde vive y trabaja, no se dio paso al trámite porque era  “manifiestamente carente de fundamento”, a falta del certificado de empadronamiento requerido.

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El ecuatoriano presentó documentos que demostraban su estadía en España desde octubre del 2001, los cuales están registrados en un acta notarial: el billete de avión de su llegada al aeropuerto de Barajas, justificantes de diversas transferencias bancarias, comprobante de ingreso en la Clínica Quirón de San Sebastián, declaraciones de seis testigos, entre ellos del alcalde de Ormaiztegi.

Tras la negativa A.T. presentó un recurso contra la decisión de la Subdelegación guipuzcoana, el cual el juzgado lo estimó y reconoció el derecho constitucional a que la solicitud sea tramitada.

La jueza subraya en su sentencia que  la Administración no debe limitarse a negar valor a lo que declara el solicitante de la regularización, sino que “tiene el deber ético y jurídico de hacer un esfuerzo de investigación para comprobar la certeza de las alegaciones y demás datos aportados”, registra El País.

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La jueza refiere que la documentación presentada ofrece “una razonable certeza de que lo que sostiene” en ellos “coincide con la realidad”.

La sentencia validó el acta notarial, según la cual el ecuatoriano reside desde noviembre del 2001 en Ormaiztegi, donde trabaja en limpieza en un restaurante y un albergue.

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La resolución puede favorecer a miles de inmigrantes indocumentados que se encuentran en situación similar, dijo el abogado del inmigrante, Iñaki Almandoz.