Declaran inconstitucional legalización de nuevos cultivos de coca en Perú

El Tribunal Constitucional, máxima instancia jurídica  de Perú, informó este martes que declaró fuera de la ley la legalización de los  cultivos de hojas de coca aprobada por dos gobiernos regionales del país.

La decisión se produjo luego que los magistrados declararon fundadas las  demandas de inconstitucionalidad planteadas por el Poder Ejecutivo, contra las  ordenanzas regionales de los gobiernos de Cusco (sur) y Huánuco (nororiente).

Ambas ordenanzas reconocían como zonas de producción de carácter legal de  la hoja de coca valles de su jurisdicción y declaraban a la planta como  patrimonio cultural del Perú.

Las sentencias tienen efecto vinculante para todas las autoridades peruanas  y obligarán a los dos gobiernos involucrados a dar marcha atrás a una medida  que generó el apoyo de los campesinos.

El presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva, en declaraciones a  la radio local RPP, señaló que "el fallo es inapelable".

"Perú es un país unitario y las atribuciones de un gobierno central no  pueden ser asumidas por un gobierno regional (...) no pueden (tampoco) asumir  el papel del congreso" al legislar sobre la materia, añadió el jurista.

Las ordenanzas fueron promulgadas en julio para presionar al gobierno de  Toledo, de cara a ampliar las áreas de legalización de cultivos con fines  tradicionales ante la política oficial de erradicación de la coca.

La legalización de cultivos de coca provocó una fuerte polémica y protestas  del jefe de la lucha antidrogas en Perú, Nils Ericsson, quien señaló que esta  posición va a contramano de la política nacional antidrogas.

La decisión del gobierno de Cusco de legalizar la hoja de coca, principal  insumo de la cocaína, fue seguida por el departamento de Huánuco.

El Frente Independiente Moralizador, aliado del gobierno, y en el poder en  Cusco, defendió la constitucionalidad de la ordenanza alegando que ésta no  alienta el narcotráfico y que sólo recoge la realidad de Cusco donde se cultiva  coca para uso tradicional del masticado por parte de los campesinos.

Precisamente en contra de este criterio, el gobierno de Toledo presentó  ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad por  contravenir la política del Estado en materia antidrogas.

En Perú existen unas 50.000 hectáreas cocaleras. Un 90% de su producción  llega a los narcotraficantes y el resto es usado en el masticado de la hoja de  coca en las comunidades indígenas, en infusiones y bebidas y en la industria  farmacéutica.