En el país un total de 57 centros, legalmente registrados, realizan el trabajo de asesoría legal en forma gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

El mayor número de centros se concentra en Guayaquil y Cuenca, donde funcionan 13 y 12 consultorios jurídicos, respectivamente.

La otra parte está repartida en Ambato (3), Quito (11), Guaranda (2), Tulcán (1), Azogues (3), Riobamba (3), Machala (3), Otavalo (2) e Ibarra (4).

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La orientación abarca todas las áreas jurídicas: penal, civil, laboral, de inquilinato, tránsito, etc.

No obstante, algunos consultorios se especializan en temas específicos, tales como la atención a personas agredidas en razón de su orientación sexual, la defensa a los extranjeros privados de su libertad, a los presos de las cárceles, a los niños maltratados psicológicamente, entre otros.

Su actividad está enmarcada en la misión de lograr la protección de los derechos humanos durante un proceso penal.

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Empero, también se preocupan por la capacitación a los estudiantes de Derecho y al ciudadano común sobre temas de actualidad; así como de mejorar el sistema de justicia, a través de programas, proyectos y de la difusión de los derechos fundamentales del ser humano.