El pleno de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) dispuso ayer que todas las contrataciones de personal realizadas a partir del 1 de enero del 2005 sean revisadas con el fin de determinar si en ellas se cometieron irregularidades, informó el director ejecutivo de esa entidad de control, Alfredo Alvear.

Esto como resultado de las múltiples denuncias realizadas por diversos sectores sociales, entre los que se incluyen los mandantes de varios comisionados.

Según Alvear, son 29 contratos vigentes, que  corresponden a todas las áreas de la Comisión en Quito y Guayaquil, y que serán revisados a partir del próximo miércoles.

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Entre los contratos se encuentran los de Iván Tinillos y Maritza Gonzaga,  a quienes se ha relacionado con el comisionado Ricardo Vanegas Cortázar, suspendido en sus funciones desde el miércoles anterior, junto con el vocal Rómulo López Sabando.

Sobre las denuncias de que la CCCC habría gastado más dinero del presupuestado para el 2005 en contratos, Alvear negó esa posibilidad y dijo que él no ha autorizado ningún despilfarro.

Mientras tanto, los comisionados López y Vanegas están sujetos a investigación y no pueden ejercer ninguna actividad hasta que el pleno de la CCCC se pronuncie sobre su responsabilidad o no en la acusación  que tiene que ver con su “obligación de guardar la reserva y excusarse en caso de conflicto de intereses”.

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Según Alvear, a ellos se les asignará un plazo de quince días  para que contesten sobre los cuestionamientos y luego  el pleno decidirá si abre la causa a prueba, para finalmente evaluar y determinar si son o no responsables.

En tanto, López Sabando negó ayer haber sido   delegado del Ministro de Educación en el Consejo de Estudios Superiores (Conesup), como lo denunció la Conaie.  Esa  organización  presentó un recurso de amparo  en septiembre del 2004 ante la Defensoría del Pueblo para exigir la destitución de López de la CCCC por ser parte del Estado. El recurso fue aceptado en abril pasado.