El sistema planteado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, para nombrar la Corte Suprema de Justicia, no es el idóneo, peor digno de credibilidad porque sigue siendo manoseado por los políticos y el pueblo ya no quiere saber nada de ellos, peor de los diputados, quienes están lujuriosos por este poder para entregarlo nuevamente a los mismos partidos.

La única forma legal y digna en estos momentos y temporalmente que sean nombrados los magistrados de la Corte Suprema hasta que se realice una enmienda a la Constitución, es con la asignación de ministros jueces por provincia, tomando en consideración las más pobladas;  por ejemplo, de 22 provincias que son, por Guayas irían 5 ministros, por Pichincha 4 y por Azuay 3, que suman 12 miembros. Los restantes 19 lo conformarían uno por cada provincia, completándose los 31 ministros jueces.

Ahora, la forma como serán seleccionados y elegidos es por la comisión de juristas independientes de todo partido político (con declaración juramentada ante el notario) de cada provincia, con la vigilancia del Colegio de Abogados (de cada provincia), la sociedad civil y medios de comunicación (periodistas calificados) mediante estudio de su hoja de vida; luego de lo cual los postulantes que sean calificados idóneos serán sorteados y así se evitaría la intromisión de partidos.

Publicidad

Me parece razonable que cada provincia tenga un ministro juez en la Corte Suprema, que no necesariamente debe ser el representante de esa provincia nacido en la misma, basta que reúna los requisitos de ley como aspirante y califique para el sorteo. No cabría el examen o concurso porque sería infamante para quienes tengan su ganada imagen y sus años de experiencia como doctor en leyes y erudito en la materia; incluso si el sistema resulta se lo aplicaría para la elección de Cortes Superiores y jueces en toda la república, siempre que entre como reforma en la Constitución. Así se daría solución a uno de los más viejos problemas que ha sufrido nuestra vida republicana: independencia y autonomía de la Corte Suprema.

Otro órgano de control de las Cortes sería que el Gobierno cree el Ministerio de Justicia en vez del Consejo Nacional de la Judicatura.

Ab. Julio Rolando Samaniego
Guayaquil