Según la Constitución, la Comisión tiene autonomía económica, política y administrativa.

Según el art. “d” del reglamento de la Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), los miembros de este organismo deberán reunirse por lo menos dos veces a la semana. Además, al pleno le compete aprobar el inicio de cualquier investigación y resolver sobre las mismas.

Con la decisión que adoptó el miércoles pasado el presidente de la CCCC, Ramiro Borja y Borja, de suspender las sesiones del pleno, se represa el trabajo pendiente en la Comisión, entre ellas unas 16 investigaciones que  están en trámite, dijo  el vocal Ricardo Vanegas. Pero Borja y Borja aseguró que no es así, porque “después del pleno vienen en jerarquía el presidente y el director ejecutivo. Uno y otro pueden impulsar las indagaciones y tener los resultados para someterlos al pleno”.

La semana pasada se evidenció la división en la Comisión Anticorrupción, por un lado hay una mayoría de cuatro vocales que exige la salida de los comisionados Vanegas y Rómulo López por supuestas intervenciones en el proceso de elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia; y por el otro, en minoría, los dos últimos vocales que se niegan a renunciar.

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A su vez, los comisionados cuestionados se defienden cada uno por su cuenta.
Mientras Vanegas indica  que no ha cometido  delito alguno y que el presidente no le puede pedir la renuncia “simplemente porque se le antoja”, López encontró en un informe de la Contraloría sobre la gestión del ex presidente Ramiro Larrea, y otros vocales de la CCCC, su defensa.

López afirma que la Contraloría determinó glosas, aunque el informe hace recomendaciones, y que ello originó el malestar en su contra.

El art. 220 de la Constitución indica que  la Comisión “tiene autonomía e independencia económica, política y administrativa”, por lo tanto, no puede intervenir el Poder Ejecutivo ni el Legislativo en su funcionamiento. 

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La vicepresidenta del Congreso, Cynthia Viteri (PSC), asegura que lo peligroso aquí es que “ellos (la CCCC) tienen su propio reglamento interno, y el escándalo en el que está sumida la Comisión es tan grave que existen acusaciones de lado y lado y hay vocales que tienen como empleados a sus propios votantes”.

Esto último se refiere a una supuesta intervención de Vanegas para contratar a dos miembros de los colegios profesionales en la Comisión.  Vanegas señala que ellos participaron en un concurso realizado antes de que la CCCC elija a sus actuales vocales.

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El Ejecutivo tampoco puede intervenir, según el ministro de Gobierno, Oswaldo Molestina. “La CCCC es una comisión creada por la Constitución que tiene su propia reglamentación, entonces lamentablemente ellos tienen que tomar las decisiones que correspondan dentro de sus propias competencias. Talvez podríamos sugerir algún camino y contribuir a que se superen los problemas, pero no podríamos tomar ninguna decisión que afecte la autonomía de la Comisión”, indica.

Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos respaldan la labor de Borja y Larrea, según Gustavo Larrea, de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu). Sin embargo, sostiene que se debe convocar a una sesión e iniciar una investigación a esos vocales y permitir su derecho a la defensa.
La Federación Nacional de Abogados se pronunciará el próximo jueves sobre su delegado Vanegas, según la presidenta del Colegio de Abogados del Guayas, Ángela Albán. Los abogados se reunieron el pasado 9 de septiembre en Guaranda y escucharon al comisionado, quien presentó el respaldo de unos 20 colegios de profesionales.